El juez del "caso Picnic" impone una fianza civil de 1,6 millones a Unió Mallorquina

La decisión del juez se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera esta medida cautelar contra la formación política, disuelta después de que se destapara este caso, en el que el juez Antoni Rotger investiga una posible trama que contrataba desde organismos del Ayuntamiento de Palma a personas que realmente habrían trabajado para UM.

Con el objeto de que se pudiera imponer esta caución, UM designó un representante legal y a un abogado.

UM tendrá que responder ante el juez en calidad de persona jurídica, una posibilidad que contempla el Código Penal desde su reforma el pasado año al incluir por primera vez que estas entidades pueden responder ante la Justicia cuando sean permisivas con conductas ilegales ocurridas en su seno.

La fianza pedida en este caso corresponde a los 1,2 millones que la Fiscalía estima costó la oficina municipal que contrató a los informadores medioambientales que supuestamente trabajaron para UM más el tercio legal de esta cantidad, contando tanto gastos de personal como administrativos y de infraestructura.

La Fiscalía considera que puede reclamar esta fianza a UM porque parte del partido, en concreto la cúpula del comité local de Palma, conocía de los hechos presuntamente delictivos.