El Gobierno francés se defiende de las críticas y sigue deportando gitanos

Una segunda tanda de gitanos llegó esta mañana en varios autobuses al aeropuerto parisino Charles de Gaulle para embarcar en un vuelo con destino a la ciudad rumana de Timisoara.

Cargados hasta los topes, los gitanos fueron repartidos en varios vuelos, según las autoridades galas, que cifran en 139 las personas de esta minoría que está previsto sean expulsadas durante toda la jornada de hoy.

No obstante, las cifras pueden variar porque algunos de los convocados que habían aceptado el retorno a su país no se están presentando al lugar desde donde se les traslada al aeropuerto.

La próxima cita será el día 26, fecha prevista para la deportación de otros 160 gitanos desde París y desde Lyon, según anunció el ministro de Inmigración Eric Besson, quien precisó que, en total, son "cerca de 850" los romanís que previsiblemente serán devueltos a sus países de origen este mes.

En declaraciones a la cadena de televisión "France 2", el ministro subrayó que no entiende el revuelo mediático montado en torno a este asunto porque el proceso se está haciendo dentro de la más estricta legalidad.

Le que ocurre, según él, es que está produciéndose "una aceleración" en las deportaciones como consecuencia del continuo desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos en los últimos días.

Son ya cerca de un centenar las instalaciones de chabolas que han sido evacuadas y siguen siéndolo día a día desde que el pasado 28 de julio el presidente francés, Nicolas Sarkozy, dio órdenes a su Gobierno en ese sentido.

Desde entonces, las críticas a la ofensiva de Sarkozy contra esta minoría no dejan de escucharse, no solo desde las filas de los partidos de la oposición o las asociaciones de defensa de los gitanos, sino también desde su propio partido y desde organismos internacionales y otros países, como los directamente afectados, Rumanía y Bulgaria.

"Se estigmatiza a un grupo en su conjunto. Es contrario a la tradición francesa de respeto de los Derechos Humanos" y "eso da una mala imagen de Francia", según el secretario de Estado rumano de Solidaridad, Valentin Mocanu.

En una entrevista que hoy publica el diario "Le Parisien", Mocanu dice que le cuesta creer que París quiera dar esa imagen "voluntariamente" y avanza que la próxima semana viajará a Francia para tratar este asunto con responsables del Gobierno galo.

Los argumentos que le van a plantear no dejan de repetirlos los ministros más implicados, el propio Besson y el del Interior, Brice Hortefeux.

Ambos insisten en que no se está haciendo nada ilegal, en que otros países hacen lo mismo y en que lo único que se pretende es hacer que los extranjeros, sean gitanos o no, cumplan la ley.

La diferencia entre Francia y otros socios europeos está, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en que las autoridades galas no esconden la cara "racista" de su política con esta minoría.

Eso es lo que opina el responsable para el colectivo gitano de esa organización, Malik Salemkour, quien explicó hoy a Efe que, durante el año pasado, Francia expulsó a 9.800 gitanos a Rumanía y Bulgaria, es decir, una media de unos 25 al día.

Lo que se está haciendo, insistió, es una "política de estigmatización" y, a diferencia de otros países, se dice "oficialmente".

El Gobierno se defiende. Según el ministro Besson, "Francia es el país de Europa más respetuoso en materia de derechos de los extranjeros y , principalmente, de los extranjeros en situación irregular o, seamos modestos, uno de los países más respetuosos".

De ahí que, añadió, "no tenemos que recibir lecciones" en ese ámbito.