Bernardo Montoya se enfrentará a la prisión permanente revisable en el juicio por el asesinato de Laura Luelmo
Bernardo Montoya está en prisión provisional, comunicada y sin fianza
A mitad del pasado junio el Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) abrió juicio oral contra Bernardo Montoya
Señaló como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.
La Fiscalía de Huelva ha solicitado prisión permanente revisable para Bernardo Montoya, el único encausado por la muerte de la joven profesora zamorana Laura Luelmo en diciembre del 2018 en la localidad de El Campillo (Huelva) donde residía mientras cubría una baja en un instituto de Nerva. Así lo ha confirmado el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, en declaraciones a Radio Huelva, en las que ha avanzado que dicha pena se solicita por el delito de asesinato en relación con el de agresión sexual.
Asimismo, ha señalado que este trimestre "casi con toda seguridad" se celebrará el juicio contra esta persona, porque la causa ya está en la Audiencia Provincial -concretamente, ha correspondido por turno al magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva Florentino G. Ruiz Yamuza- y se señalará próximamente. Para su celebración, ha añadido, se requiere "una organización y logística importante", además de por el interés mediático, por el número de testigos y peritos propuestos por las partes, y está previsto que se prolongue inicialmente durante dos semanas.
A mitad del pasado junio el Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) abrió juicio oral contra Bernardo Montoya por delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato al considerar que existen indicios "suficientes" de la comisión de esos crímenes, y señaló como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.
En este mismo auto, la juez mantenía la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, situación en la que éste se encuentra desde el 22 de diciembre del 2018, una decisión que la instructora adoptó al considerar que no habían variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para adoptar dicha decisión y al subsistir el riesgo de fuga.
