Un juzgado de Sevilla investiga el fallecimiento de un paciente de 76 años tras un presunto retraso diagnóstico "sistemático" a pesar de sus antecedentes oncológicos
La familia reclama 143.000 euros porque, según denuncian, cuando le realizaron la colonoscopia, el tumor ya estaba en estadio terminal
SevillaEl Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha admitido a trámite una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto caso de responsabilidad patrimonial. El procedimiento judicial, iniciado tras el fallecimiento de un paciente de 76 años, investiga un supuesto retraso diagnóstico que se prolongó durante más de un lustro, impidiendo la detección temprana de un cáncer colorrectal que acabó resultando letal.
Según los datos reflejados en la demanda presentada por el Bufete Sires Abogados, el paciente registró una actividad asistencial inusualmente alta antes de su fallecimiento. Entre los años 2018 y 2024, acudió al menos en 42 ocasiones a diversos centros dependientes de la sanidad pública andaluza, incluyendo visitas a Atención Primaria, centros de especialidades y al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Macarena.
En la práctica totalidad de estas consultas, el motivo fue el mismo, un dolor abdominal persistente y molestias digestivas que no remitían con el tiempo, según denuncian.
Un historial clínico supuestamente ignorado
La base de la reclamación judicial se apoya además en sus antecedentes clínicos previos, que ya marcaban una hoja de ruta de vigilancia médica. Según se detalla en el escrito, en junio de 2010, se le practicó una colonoscopia de despistaje donde se hallaron pólipos hiperplásicos en el colon. Siguiendo los protocolos clínicos para este tipo de hallazgos, el paciente fue catalogado como de "riesgo medio", lo que implicaba la necesidad de un seguimiento periódico programado.
En 2012 se realizó una nueva colonoscopia de seguimiento que confirmó la presencia de divertículos y pólipos colónicos. Sin embargo, la cadena de vigilancia se rompió en 2018. Según sostiene el letrado José Antonio Sires en su escrito de demanda, la revisión que legalmente correspondía realizar ese año para monitorizar la evolución de las lesiones nunca se llevó a cabo.
Pese a que el historial reflejaba claramente la patología previa, el sistema, supuestamente, no activó las pruebas de control necesarias, dejando al paciente en una situación de "desamparo asistencial", aseguran, mientras su sintomatología comenzaba a agravarse.
42 avisos sin pruebas diagnósticas
La demanda detalla un periplo de consultas que se prolongó desde principios de 2018 hasta mayo de 2024. Durante este intervalo, el paciente acudió de forma reiterada refiriendo un "estado de malestar abdominal difuso". En febrero de 2018, se le realizó un TAC con contraste enfocado en una posible lesión duodenal, pero el informe médico, según denuncia la familia, ignoró la necesidad de realizar la colonoscopia de seguimiento de pólipos que ya estaba fuera de plazo según el protocolo de digestivo.
El escrito judicial subraya además episodios de especial relevancia, como el supuestamente ocurrido en octubre de 2022. El paciente acudió a las Urgencias del Hospital Virgen de la Macarena con un dolor abdominal que irradiaba a todo el vientre. A pesar de los antecedentes de pólipos registrados en su ficha, fue dado de alta con diagnósticos genéricos. Semanas después, en Atención Primaria, volvió a referir molestias, pero los facultativos optaron por no realizar nuevas exploraciones físicas bajo el argumento de que el paciente ya había sido "valorado varias veces", mostrando, según la demanda, una falta de celo en la búsqueda de la causa real del dolor.
La "pérdida de oportunidad"
El calvario médico finalizó de forma súbita el 6 de mayo de 2024. Tras acudir nuevamente a Urgencias con dolor severo, estreñimiento y falta de ingesta, se le realizó un TAC abdominal de urgencia. La prueba visualizó un engrosamiento mural con estenosis de la luz en el colon. La colonoscopia posterior, realizada el 24 de mayo, confirmó los peores pronósticos, un adenocarcinoma de colon en estadio IV.
La enfermedad no solo estaba avanzada, sino que presentaba una afectación metastásica masiva en los ganglios, el peritoneo, el hígado y los pulmones. En ese estadio, los oncólogos determinaron que no existía posibilidad de tratamiento curativo, derivándolo a cuidados paliativos. El paciente falleció en agosto de 2024, apenas tres meses después de que el sistema sanitario detectara la dolencia que llevaba tiempo manifestándose.
La demanda se fundamenta en el concepto jurídico de "pérdida de oportunidad terapéutica". La familia sostiene que, de haberse realizado las pruebas de seguimiento en 2018 o ante la persistencia de los síntomas en los años posteriores, el cáncer se habría detectado en una fase potencialmente tratable, lo que habría cambiado radicalmente el pronóstico de vida del fallecido.
Reclamación económica y fase procesal
El procedimiento, que se ampara en el artículo 106.2 de la Constitución Española sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, reclama una indemnización total de 143.582,28 euros. Esta cantidad se desglosa en el perjuicio básico por las lesiones temporales, el daño moral por la pérdida de calidad de vida y la indemnización correspondiente al hijo del fallecido.
Actualmente, el caso se encuentra en fase de práctica de pruebas. El juzgado deberá analizar los informes periciales médicos y testificales para determinar si hubo una "dejadez de funciones" por parte del Servicio Andaluz de Salud al no haber aplicado los medios diagnósticos adecuados a pesar de los 42 avisos del paciente y su historial de riesgo oncológico.