Dos hermanas sirias menores de edad huyen de su casa en Roquetas para evitar que sus padres las casaran a la fuerza
La Guardia Civil ha detenido a la madre de las chicas, menores de edad, y la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de su tutela.
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Se escaparon de casa y acudieron corriendo a un puesto de la Cruz Roja. Solo tienen 16 y 17 años y son de origen sirio. Su vida en una casa de Roquetas de Mar era un continuo sufrimiento de malos tratos. Pero lo que colmó el vaso fue saber que su destino estaba escrito con sendos matrimonios forzosos que las habrían obligado a volver a Siria. Las menores se resistieron a ese cruel destino.
Ya en dependencias de la Guardia Civil, las dos menores formalizaron la denuncia y relataron a los agentes que recibían malos tratos por parte de su padre y sus hermanos varones. Tras recibir la denuncia, el juzgado ha abierto diligencias y la Guardia Civil ha procedido a la detención de la madre de las adolescentes por su presunta implicación en un delito de coacción para el matrimonio forzado.
Al tratarse de un caso de desamparo en el seno familiar, la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la tutela urgente de las chicas, que actualmente se encuentran en un centro de acogida para menores en la provincia de Almería.
El matrimonio forzado es un delito grave en España
La Guardia Civil, según ha adelantado El Mundo, mantiene abierta una investigación para aclarar cuál sería el grado de implicación de los demás miembros varones del núcleo familiar -padre y hermanos- tanto en relación al casamiento como a los malos tratos en el ámbito del hogar.
En el ordenamiento jurídico español, el matrimonio forzado no se considera una simple pauta cultural, sino un delito grave contra la libertad de las personas. Está regulado de forma específica en el artículo 172 del Código Penal y se castiga con penas de prisión que pueden ir desde los seis meses a los tres años y seis meses de cárcel.
La ley española castiga igualmente a quienes utilicen violencia, intimidación o engaño para forzar a una persona a abandonar el territorio nacional o a no regresar con el objetivo de contraer matrimonio a la fuerza en el extranjero.
Los imputados podrían enfrentarse incluso a un delito de trata de seres humanos que conlleva penas de prisión de entre cinco y ocho años. Hay que añadir también la agravante específica de minoría de edad, lo que eleva significativamente el riesgo de ingreso directo en prisión para los autores del delito
