La Generalitat será responsable de las autorizaciones de residencia y se ocupará de las devoluciones de extranjeros sin permisos, pero también serán los Mossos junto a la Guardia Civil y Policía Nacional los que gestionarán las fronteras y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Están serán en líneas generales las competencias en materia migratoria que asumirá Junts tras el acuerdo con el PSOE, pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

El PSOE y Junts han acordado registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra, junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la policía catalana estará en frontera y actuará en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. Este acuerdo, que tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso prevé el aumento de efectivos de Mossos de 1.800 hasta alcanzar los 26.800 agentes.

Serán los Mossos quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución y protección a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos.

El sindicato Jupol pide la dimisión del ministro de Interior Grande-Marlaska

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la "cesión ilegal" de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña y ha exigido al mismo tiempo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional".

El sindicato considera "inaceptable" que el Gobierno, "con la complicidad" del ministro, siga "regalando" competencias fundamentales del Estado "a cambio de favores políticos". "Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional", critica el comunicado.

Según Jupol, se trata de una "maniobra para erradicar" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un "ataque directo" a la labor y una "rendición vergonzosa ante el separatismo".

El sindicato policial avanza que sus servicio jurídicos van a estudiar todas las vías legales para "frenar esta cesión ilegal". Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su "absoluta incapacidad" para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.

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