Según el fiscal general del Estado, Robert McClelland, un ataque contra los sistemas operativos de la bolsa o la red eléctrica "causaría un daño económico mucho mayor que un atentado terrorista físico".
La nueva legislación que se prevé implantar necesitaría de una enmienda de la actual Ley de Telecomunicaciones. Ahora, en Australia sólo las agencias de seguridad pueden intervenir los correos electrónicos.
La propuesta del Gobierno australiano ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles. Según este colectivo, la nueva ley podría ser utilizada por los empresarios para actuar contra los trabajadores.
"Lo que nos preocupa es puedan utilizar estos poderes para escuchar a escondidas y para hacer cazas de brujas empresariales", según Dale Clapperton, el presidente de la organización Electronic Frontiers Australia que defiende los derechos de los usuarios de Internet. EPF