La pandemia de coronavirus ha multiplicado las herencias tras haberse disparado la cifra de fallecidos en el país. Los impuestos que las gravan, sucesiones y plusvalía municipal, son muy dispares entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Algunos expertos inciden en la necesidad de armonizarlos.
Las notarías están notando el aumento de la actividad desde septiembre. Hoy por hoy, están firmando casi el doble de lo que harían en tres meses. Una vez que la persona fallece se tiene un plazo de seis meses para pagar el impuesto de sucesiones y las plusvalías municipales. El impuesto de sucesiones depende de las comunidades autónomas. Estas establecen importantes mínimos exentos y bonificaciones para los parientes directos, hijos, padres o cónyuges, pero hay mucha disparidad.
Antonio Durán-Sindreu, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, señala que "las diferencias son básicamente un problema político electoral" y no está concibiendo "un impuesto a largo plazo sino a corto plazo con réditos electorales". "La armonización es mínima entre todas las comunidades autónomas", agrega.
Más diferencia hay en el impuesto de plusvalía, normalmente más gravoso que el de sucesiones y que fija unilateralmente cada ayuntamiento. La práctica más habitual es vender o hacer líquidos los bienes para poder hacer frente al impuesto. Esto reduce las renuncias a poco más de 4 de cada 100. En 2020 se registraron 44.000 renuncias, un 4,5%.
Los problemas aparecen en las herencias de pacientes lejanos, con impuestos más caros. "Habría que centrar el impuesto en las grandes fortunas, sobre un mínimo exento para que quedaran fuera los patrimonios medios", receta Durán-Sindreu. Los ingresos anuales por el impuesto de sucesión ascienden a 2.500 millones de euros, sin contar plusvalías.