Puede acabar siendo un poco lioso esto del futuro de las pensiones. Sobre todo si no se tiene en cuenta la pirámide poblacional y sus variaciones de forma. Una cosa es la actualidad, otra dentro de una década y otra muy distinta a partir del 2045, cuando los boomers no formen la parte mas ancha. De momento, la actualidad manda. En este mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, deberá emitir una valoración sobre la regla de gasto en pensiones que el Gobierno envió en 2024 a Europa. Básicamente se trata de ver si las cuentas enviadas en materia de pensiones cuadran o no, y si se están cumpliendo las predicciones del Gobierno. Si las cuentas no cuadran, se tendrán que hacer nuevas reformas en las pensiones, que serán en forma de subidas del MEI o de otros impuestos, o de recortes en las pensiones.

La jubilación de los boomers se utiliza por muchos como la puntilla de un sistema público que se tambalea. Pero ¿es así? ¿Podrá nuestro sistema público de pensiones pagar las prestaciones de los boomers? Y ¿podrá pagar las pensiones de los hijos de los boomers?

A la espera del informe de la AIReF, hay economistas que cuestionan la metodología que se emplea en el Ageing Report (AR), el informe que proyecta las cuentas de los Estados miembro de Europa a medio y largo plazo, y que determina si los sistemas de pensiones deben modificarse o no.

Uno de los economistas más críticos es Antonio González, economista que fue secretario general de Empleo de 2006 a 2008. Para González, “el Ageing Report 2024 presenta proyecciones para los próximos treinta y cincuenta años, es decir, a un plazo tan largo y excesivo que implica unos niveles de incertidumbre considerables, lo que plantea serias dudas acerca de su fiabilidad”, afirma.

Según González, es como si pretendiéramos estimar la evolución del empleo, de la productividad y, en suma, del PIB de 2025 a partir del mundo, y de la situación económica, productiva, etcétera, existente en el año 1975, “lo cual raya el ejercicio de ilusionismo con escaso valor real ni siquiera como mera referencia aproximativa”, critica.

Para el economista, el AR 2024 presenta para España un conjunto de proyecciones en materia de empleo y del PIB y del peso sobre el mismo del gasto en pensiones a largo plazo (de aquí a 2050), que resultan poco verosímiles por los supuestos en los que se basan:

“Con esas cifras resulta imposible compensar la caída de la población en edad de trabajar, que debería ser el objetivo lógico, lo que hunde irremisiblemente el empleo, dando lugar a una clara sobreestimación del gasto en pensiones en relación con el PIB hasta 2050”, asegura el experto.

Para González, unas proyecciones alternativas más plausibles (flujo de migración suficiente para compensar la caída de la población en edad de trabajar, lo que permitiría un moderado crecimiento del empleo), implicarían una estimación muy inferior de gasto en pensiones respecto al PIB en una amplia horquilla que oscilaría entre un mínimo de 1,5 puntos y un máximo que podría más que duplicar esa cifra. Así, entre 2023 y 2050, “el peso de ese gasto calculado con proyecciones basadas en supuestos razonables o libres de irracionalidad descendería desde un 17,3% del PIB hasta cifras inferiores al 15,8%”, según González.

Eso situaría a España como uno de los países con menor déficit de la UE en cualquier momento del periodo 2023-2070, junto con Alemania, Portugal y Suecia, y muy próxima al equilibrio.

Si las cuentas de González se cumplieran, España vería esfumarse la amenaza boomer, otra de las razones que se presentan para cuestionar el sistema público de pensiones. En España el número de nacidos entre 1950 y 1964 aumentó de 600 a 700 mil al año, que se jubilarán entre 2015 y 2031. De 1965 a 1976 nacieron en torno a 700 mil personas cada año, que se jubilarán hacia 2030-2043. Pero a partir de 1976 se produjo una caída rápida del número de nacimientos hasta 360 mil en 1996. Con la llegada de estas generaciones a la edad de jubilación en 2041 se irá reduciendo el envejecimiento de la población hasta un mínimo en 2062.

Para el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón, “la posibilidad de financiar las pensiones no depende de que haya muchos o pocos pensionistas, sino de la riqueza que se genera en la economía, del volumen de producción y, por tanto, de los ingresos. Imaginemos -continúa Cordón- una economía en la que se produce un billón de euros, de los cuales se dedica el 10% a financiar las pensiones de diez millones de pensionistas (10.000 euros para cada uno de ellos).

Supongamos que la población envejece y que dentro de cuarenta años hay dieciocho millones de pensionistas, casi el doble. Para que su pensión fuera imposible de financiar, no sólo tendría que ocurrir que no se incorporasen más trabajadores, bien nacionales o inmigrantes, sino también que no aumentara la productividad. Sin embargo, si la productividad aumentara un 1,5 por ciento anual de media, dentro de cuarenta años no se produciría 1 billón de euros, sino 1,8 billones y dedicando el mismo porcentaje que antes, el 10 por ciento, se podría mantener la misma pensión no a diez, sino a dieciocho millones de pensionistas”, explica Cordón.

“Eso es más o menos lo que ha ido ocurriendo en España en los últimos decenios, a pesar de que el número de pensionistas ha aumentado sin cesar, el aumento en el empleo o en la productividad ha permitido que se fuesen financiando las pensiones. Por lo tanto, lo que puede producir problemas a la hora de financiarlas más recientemente no ha sido el crecimiento demográfico o el envejecimiento de la población, sino la pérdida de empleo, el empleo de baja calidad de productividad o el bajo crecimiento económico ocasionado por las crisis”, afirma.

El tercer argumento que sostienen los que auguran un negro futuro al sistema público de pensiones es el de la tasa de dependencia, esto es, la proporción de personas que dependen de la población activa: los menores de 16 años y los jubilados. “El problema es que en las ratios utilizadas para los cálculos figuran como dependientes los mayores o el conjunto mayores y menores, un colectivo definido por el criterio de la edad exclusivamente. Si queremos medir con mayor precisión la carga real de los dependientes sobre los ocupados habría que añadir todas las personas que, teniendo edad de trabajar (16- 64 años) no están ocupadas”, explica Cordón.

Y añade: “la disminución de la población en edad de trabajar no representa un obstáculo al crecimiento económico, ni siquiera si la tasa de empleo alcanzara un máximo, puesto que existe la posibilidad de que lleguen inmigrantes, si el sistema productivo es capaz de generar una demanda de trabajo que permita el crecimiento. Por esta razón, las proyecciones demográficas no pueden seguir tratando la demografía como variable exógena a la economía. La población futura puede variar en función de la evolución del mercado de trabajo, gracias a la inmigración, y la relación entre ocupados y no ocupados, verdadera medida de la dependencia dependerá también de la proporción de ocupados en la población. Es poco probable que la falta de trabajadores impida el crecimiento económico, porque se podrá contar durante mucho tiempo todavía con una inmigración tan abundante como sea necesaria, así es que las ratios de dependencia, tanto puramente demográficas como las que introducen la ocupación (dependientes por persona ocupada) están siendo actualmente sobreestimadas”.

La economía española crece muy por encima de la del resto de nuestros vecinos europeos y esto ayuda a aliviar la presión del aumento del gasto en pensiones sobre las cuantas del país. Las proyecciones del AR24 deberían corregirse con los mayores avances registrados del PIB español como resultado de las nuevas previsiones de la Comisión Europea y las revisiones del INE que reducirían progresivamente el gasto en pensiones como porcentaje del PIB proyectado por el AR en un punto porcentual en 2050.

“A Europa no le preocupa el sistema de pensiones que tengamos ni cómo lo paguemos -explica Antonio González- le preocupa el déficit del Estado, y en este sentido las previsiones se están cumpliendo, y en 2025 se situará por debajo del 3%, que es lo que nos exigía Europa. Entretanto, las revisiones que debe realizar la AIReF acerca de la evolución futura del gasto en pensiones respecto al PIB, contempladas en la reforma de pensiones de 2023, deberían tomar en consideración no sólo el escenario del AR24 sino igualmente otros alternativos que justifiquen más razonablemente dicha evolución”, apunta  González.

González reclama que “estos argumentos sean tomados seriamente en consideración a la hora de analizar el valor de aquellos informes de carácter privado que tienen como pretensión última sembrar dudas injustificadas acerca de una imaginaria o escasamente justificada insostenibilidad del sistema público de pensiones español”, y acaba citando el Libro Verde de la Comisión Europea: “son los parlamentos, y no los ordenadores, los que deberían adoptar decisiones tan fundamentales sobre las condiciones de vida de los ciudadanos”.