Los jefes en Portugal no van a poder enviar mensajes de texto, correos electrónicos o de cualquier otro tipo a sus empleados fuera de su horario laboral. Así se establece en una normativa más amplia que ha aprobado el Gobierno luso para regular la expansión del teletrabajo que ha experimentado el país desde la pandemia del coronavirus.
Según la nueva legislación, impulsada por el Gobierno y aprobada ya por el Parlamento de Portugal, los empresarios pueden ser sancionados si intentan contactar con sus empleados fuera del horario de oficina, o el horario laboral de cada trabajador. Y esto se aplica tanto para los trabajadores que teletrabajan desde sus domicilios como para los que acuden a su lugar de trabajo. Aunque se permitirán algunas excepciones, siempre que se trate de razones de "causa mayor", imprevistas o urgentes.
La nueva ley aprobada en Portugal también introduce la obligación de proporcionar ayudas a los trabajadores para que puedan pagar los gastos derivados del teletrabajo, como las facturas de la conexión a internet o la electricidad. Las empresas deberán sufragar el aumento de estas facturas cuando los empleados trabajan a distancia y podrán deducirse esos gastos como 'gasto empresarial'.
La nueva legislación prohibe a los jefes enviar mensajes fuera del horario laboral de los trabajadores e impide también que los jefes utilicen medios electrónicos para comprobar si los trabajadores están conectados o trabajando durante el trabajo a distancia. Otra medida presentada pero que finalmente fue rechazada por los parlamentarios portugueses buscaba blindar el llamado "derecho a la desconexión", es decir, el derecho de los trabajadores a poder apagar todos los dispositivos electrónicos vinculados con el trabajo fuera de su horario laboral.
Otras medidas incluidas en la nueva ley permitirá a los trabajadores con niños acogerse a la modalidad de teletrabajo sin necesidad de acordarlo previamente con su empleador (al menos hasta que el niño cumpla los 8 años). Además, para combatir la soledad y la desconexión de los trabajadores a distancia, la ley obliga a las empresas a que organicen reuniones presenciales con estos trabajadores, al menos, cada dos meses.
La nueva legislación sólo se aplicará a empresas de más de diez trabajadores, por lo que las pequeñas empresas que no lleguen a esa cifra no están a obligadas a cumplir estas nuevas medidas.