La regulación de la UE sobre el Salario Mínimo lo elevaría hasta los 1.200 euros en España

  • España está en pleno debate sobre la subida del SMI actualmente en 900 euros

  • La CE usará dos variables para determinar el SMI: el 60% del sueldo mediano o del 50% del sueldo medio

  • El objetivo de la UE es acabar con los trabajadores pobres

La propuesta sobre la regulación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que está preparando la Comisión Europea (CE) llevaría un aumento en los estados miembros hasta el 60% del sueldo mediano o del 50% del sueldo medio. En el caso de España supondría que se elevaría desde los 900 euros actuales hasta los 1.200 euros brutos mensuales.

Así lo han explicado las eurodiputadas Alícia Homes, de la Alianza de Socialistas y Democratas (S&D), y Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo (PPE), en un encuentro organizado por la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la CE en Barcelona. Las dos eurodiputadas, sin embargo difieren en cómo afectaría a los trabajadores en España: la socialista valora que subiría en 1.200 euros, mientras la popular lo sitúa en 1.400 euros brutos mensuales.

El director de la Dirección General de Ocupación, Asuntos Sociales e Inclusión de la CE, Jordi Curell, ha explicado o que la normativa prevé incrementar el SMI hasta el 60% del sueldo mediano de cada estado miembro o el 50% del sueldo medio.

En todo caso, estos porcentajes son criterios propuestos y los estados miembros podrán escoger entre estas dos variables para situar su SMI. Curell ha subrayado que esta propuesta "no intenta armonizar el SMI de todos los países, ni fijar un mecanismo obligatorio, ni impone la introducción de un SMI en los países que no lo tienen actualmente".

En aquellos países en los que el SMI está determinado por ley como España, "se fijan criterios estables y fijos como la evolución del poder adquisitivo o el nivel y distribución de los sueldos más allá del SMI o la productividad" a partir de los cuales se establecerá un sueldo mínimo.

La voluntad de la CE es "acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres", ha explicado Curell, por lo que la normativa obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones que provoquen que el sueldo efectivo sea inferior.