La abogada de Patricia Ramírez subraya que el documental actúa como “mecanismo reactivador del trauma”, obligándola a revivir todo el daño y todo el dolor sufrido
Ana Julia Quezada esperaba cobrar 300.000 euros por el 'true crime' de Gabriel Cruz: su estrategia para conseguirlos
Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha ampliado la denuncia que presentó en diciembre de 2024 contra Ana Julia Quezada y su novia a raíz del documental sobre el crimen de su hijo que la asesina quería lanzar de la mano de una famosa productora audiovisual y con el que esperaba sacar una cuantiosa suma de dinero. Investigadas por ello en una causa del juzgado de instrucción 1 de Almería tras destaparse un supuesto trato de favor de la reclusa a cambio de sexo con algunos funcionarios, así como por las amenazas de muerte denunciadas por la progenitora tras lograr frenar el documental, ahora Patricia Ramírez pide que se las impute también por un delito contra la integridad moral y por causarle “lesiones psíquicas”.
Concretamente, su abogada, Verónica Guerrero, sostiene que “el material probatorio incorporado tras la denuncia inicial –singularmente los audios originales y sus transcripciones– permite apreciar que el documental no operó únicamente como marco contextual de las amenazas, sino como elemento central de una dinámica de victimización diferenciada, proyectada sobre la señora Ramírez mediante la instrumentalización del asesinato de su hijo Gabriel, su señalamiento como responsable de la frustración de dicho proyecto y la consiguiente generación de un cuadro de hostilidad, presión y castigo emocional con aptitud propia para lesionar su salud psíquica y su integridad moral".
La nueva denuncia de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, contra Ana Julia y su novia
Patricia Ramírez, que motivó con su denuncia inicial la investigación de un supuesto trato de favor con unos funcionarios de prisión en la cárcel de Brieva, alegando que le habrían facilitado un teléfono móvil y concedido otros regalos a cambio de sexo con ella, añade ahora la petición de investigación de otros dos delitos en esta causa.
Según recoge y avanza el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la letrada de la madre de Gabriel Cruz así lo ha requerido tras estudiarse las pruebas del caso, y especialmente las conversaciones telefónicas mantenidas entre la novia de Ana Julia y un tarotista al que confesó que Ana Julia pretendía cobrar 20.000 euros de adelanto por el documental y hasta un montante total de unos 300.000 euros por narrar el atroz crimen en el que acabó con la vida del pequeño. También a él le habría trasladado ésta las amenazas de Ana Julia dirigidas hacia Patricia Ramírez por la paralización del documental, todo ello recogido en la investigación de esta causa en la que ahora piden añadir esos dos delitos: uno contra la integridad moral y otro de lesiones psíquicas.
Para esto último, la madre de Gabriel Cruz, que se someterá a una exploración psicológica en el Instituto de Medicina Legal para la valoración de las secuelas que las amenazas de Ana Julia y su novia le hayan podido provocar, ha pedido también que se examine en esta prueba “los daños psíquicos, emocionales y de afectación a la integridad moral que la preparación y posible grabación del documental han podido ocasionar en la víctima".
“La oposición pública de doña Patricia a la grabación de ese producto audiovisual habría pasado a ser reinterpretada por las denunciadas como un acto merecedor de represalia", recuerda la abogada en la ampliación de su denuncia.
Ana Julia y el documental sobre el crimen, un "mecanismo reactivador del trauma"
En la formulación de la nueva petición al juez encargado de este caso, la representante legal de Patricia Ramírez destaca las “referencias constantes al documental, a la productora, a la entrevista, a las restricciones penitenciarias y a la supuesta responsabilidad de la señora Patricia por las dificultades sobrevenidas” tras frenar con su denuncia la continuidad del material audiovisual.
Tras paralizar el documental, de hecho, la madre de Gabriel Cruz denuncia que empezó a recibir “llamadas anómalas” y que Ana Julia llegó a expresar su intención de matarla “por joderle el documental”, tal como recoge el citado canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
Por todo ello, su abogada incide en que se encuentra “psicológicamente destrozada por la situación vivida”, subrayando que "la reaparición pública del asesinato de su hijo en forma de documental, la constatación de que su ejecución habría sido facilitada desde el interior del centro penitenciario”, junto al “miedo a agresiones”, ha “generado en ella una situación de sobrecarga traumática, ansiedad intensa y profunda alteración emocional".
De ese modo, incide en que el documental actúa como “mecanismo reactivador del trauma”, obligándola a revivir todo el horror sufrido “desde la percepción de explotación de su dolor, pérdida de control sobre el relato de los hechos y exposición a nuevas amenazas y ataques".
En ese sentido, la acusación apunta que Ana Julia y su novia actuaron movidas por una “funcionalidad lesiva”; con intención de incrementar su daño y pretendiendo la emisión del documental pese a saber que le causaría “sufrimiento psíquico y emocional”.