Más del 60% de los caseros son fondos, empresas o multiarrendadores
Hasta 6.000 euros para pagar el alquiler en 2026, la ayuda autonómica que muchos inquilinos no están solicitando
Son dos y medio de personas las que podrían beneficiarse con el Real Decreto que se vota en el Congreso la próxima semana. Son los inquilinos cuyo contrato vence este año o el próximo.
Solicitar esta prórroga, porque el decreto está aún en vigor, supone una renovación automática del contrato de dos años, con una subida máxima de la renta del dos por ciento.
Una medida que da tranquilidad a los inquilinos, obligados a buscar piso cada cinco años
Un salvavidas para inquilinos como Santi, con una casera que tiene varios edificios en Madrid, que se mueve a golpe de mercado. Viviendas como la suya, situada en Carabanchel, un barrio al suroeste de Madrid, se alquilan ahora 600 euros más caras.
No podría pagarla. Comparte la casa, un cuarto sin ascensor, con dos compañeras de piso, que están en la misma situación que él. Trabajan, pero no pueden independizarse. Obligado a compartir casa y, probablemente, a vivir de alquiler de por vida, asegura que vivir con la amenaza de un “desahucio silencioso” cada cinco años le quita el sueño.
Una situación que, insiste, es transversal, y no es culpa del inquilino, si no de un sistema que está roto. Son casi 10 millones de personas en España, el 20% de la población, las que viven de alquiler.
Por eso, expertos en el derecho a la vivienda, como Javier Rubio, insisten en que esta medida debería aprobarse y que, además, tendría que servir para que en estos dos años todas las administraciones se pongan de acuerdo y trabajen juntas para lograr que bajen los precios.
Lo que es una inseguridad jurídica, resalta Rubio, es el incumplimiento de la Constitución, que en su artículo 47 recoge el derecho a la vivienda e insta a los poderes públicos a evitar la especulación y poner en marcha las medidas que garanticen este derecho.