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Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), tras obtener seis de los once votos que estaban en juego durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en la corte de garantías. Una década después, el Constitucional abre una etapa con una mayoría progresista que tiene sobre la mesa las dos últimas reformas del CGPJ, la ley catalana que elimina el 25 % de castellano en las aulas y asuntos de gran trascendencia social como la eutanasia o la ley del aborto, todo en pleno curso electoral. Pero también gran parte de la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez, impugnada en múltiples recursos por PP y Vox, como la Ley de Infancia, la Ley Celaá y el Ingreso Mínimo Vital.
Conde-Pumpido ha ganado el pulso a su compañera María Luisa Balaguer, también del ala progresista, que se postulaba como candidata de consenso con el bloque conservador de la corte de garantías. Él ha obtenido el respaldo unánime de los otros cinco magistrados del sector progresista, incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo voto era la gran incógnita, mientras que ella ha sumado el suyo y el de los cuatro conservadores.
De esta forma, el bloque progresista cierra la fractura generada un día antes, cuando sus siete magistrados celebraron una reunión interna con la intención de que el grupo acudiera al Pleno de este miércoles con un solo candidato, algo que no fue posible por la persistencia de ambos en someter su propuesta al conjunto del tribunal.
Según ha informado el TC, el Pleno también ha elegido con los mismos números (6 a 5) a Montalbán como nueva vicepresidenta del TC, rompiendo la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que ha logrado cinco votos.
Conde-Pumpido y Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio.
La entrada de los cuatro nuevos magistrados provocó un vuelco de la antigua mayoría conservadora --de 6 magistrados frente a 5-- a una holgada progresista --de 7 contra 4--.
De los cuatro nuevos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Gobierno, han reemplazado a González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Por su parte, María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, ambos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han dado el relevo a Xiol y Martínez-Vares, postulados también por el CGPJ.
Más allá de la repercusión política que tienen todos los asuntos, hay dos cuestiones que sobresalen por encima de las demás por afectar de lleno a la ciudadanía y ser las más delicadas.
Una es el recurso del PP contra la Ley del Aborto que data de 2010. El expresidente Pedro González Trevijano se comprometió al inicio de su mandato a finales de 2021 a llevar a pleno la ponencia que recayó en aquel momento en el conservador Enrique Arnaldo, tercer ponente de la patata caliente del tribunal. Sin éxito.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo justificó que ningún presidente elevara a pleno este recurso, pero fuentes jurídicas consultadas por EFE señalan que "esta cuestión ya no puede esperar más" por responsabilidad y por el trasfondo social, moral y hasta religioso que toca este asunto.
Y otro es el de la Ley de Eutanasia, que entró en vigor en junio de 2021, que recurrieron por partida doble el PP, que defiende la falta de consenso político y social así como la infracción del derecho a la vida, y Vox que considera que la norma es "una derrota de la civilización" y la victoria de la cultura de la muerte.
PP y Vox también impugnaron la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá que, en opinión de los recurrentes, no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país, una cuestión que específicamente resolverá el tribunal cuando revise la ley catalana que evita la aplicación del 25% del castellano en las aulas de esta región.
La agenda social la completan los recursos de ambos partidos contra el traspaso del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco y Navarra y el recurso de la formación de Santiago Abascal contra la Ley de Infancia.
Ahora bien, la acción del Gobierno será escrutada también a través de las dos reformas del Consejo General del Poder Judicial: aquella que impide los nombramientos cuando el CGPJ esté en funciones y la llamada contrarreforma que devolvió las competencias al Consejo para hacer nombramientos, pero solo para el Tribunal Constitucional.
Precisamente, una tercera reforma provocó recientemente una fractura y una crisis institucional sin precedentes cuando el pleno paralizó la tramitación de dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio tribunal, un hecho insólito en las Cortes Generales y en la historia del TC.
Ahora bien, es previsible que en esta cuestión se produzca un giro de 180 grados con la nueva composición del tribunal que tiene que resolver la cautelar y el fondo del asunto, según explican a EFE fuentes jurídicas, si bien precisan que este asunto no urge, más ahora que la renovación del TC se ha completado, que era el fin último de sendas enmiendas.
Las fuentes ven más prioritario resolver los dos recursos de Alberto Rodríguez, una contra la sentencia del Supremo que lo condenó por agredir a un policía durante una manifestación, y otra contra el acuerdo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que comunicó la retirada de su escaño tras su condena.
Otra decisión de Batet está sobre la mesa del tribunal, esta vez relacionada con la votación de la reforma laboral en el Congreso que recurrieron el diputado Alberto Casero -cuyo error votando telemáticamente a favor del texto fue crucial para sacar adelante la norma con un solo voto de diferencia- junto al PP y Vox.
Más reciente es el recurso del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, por considerar que invade sus competencias.
Y todos estos asuntos están pendientes de resolver en pleno curso electoral lo que puede condicionar su tramitación, acelerando o paralizando los recursos, ante la repercusión que puedan tener en un año repleto de comicios.
No obstante, que los recursos estén sobre la mesa no implica que se tengan que resolver en un plazo concreto pues el tribunal siempre ha defendido que tiene sus tiempos, independientemente de la agenda política.