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La guerra del agua le ha estallado al Gobierno a menos de cinco meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. ¿Por qué ahora? Se cruzan tres variables determinantes: la sequía severa que sufre España a pesar de que las últimas lluvias han dado un respiro a los embalses, la intención del Ministerio de Transición Ecológica para actualizar los planes hidrológicos de los ríos que recortan el siempre polémico trasvase Tajo-Segura y la cercanía de las urnas donde los presidentes de las comunidades afectadas, Castilla-La Mancha por un lado y la Comunidad Valenciana y Murcia por otro, se juegan su futuro político.
El enfrentamiento histórico se recrudece entre la zona del Levante que reclama agua para su agricultura y los castellanomanchegos que quieren proteger el Tajo. El tema es de la máxima sensibilidad en esos territorios y los presidentes autonómicos, entre ellos el socialista Ximo Puig, plantan cara porque saben que el agua será arma electoral en precampaña.
Miles de regantes de Alicante, Valencia, Murcia y Almería se manifestaron este miércoles ante la sede del Ministerio que dirige Teresa Ribera junto a políticos de todos los colores al grito de "nos estáis ahogando" para denunciar que cerrar el grifo del trasvase pone en peligro sus puestos de trabajo. El Gobierno pide tranquilidad y apela al "interés general" por encima de los particulares de cada comunidad. Estas son las claves de un asunto que no entiende de siglas políticas y con posturas irreconciliables.
El Gobierno está preparando un real decreto que contempla una nueva planificación hidrológica para los próximos seis años que tiene como objetivo final gestionar mejor los recursos hídricos para adaptarlos al cambio climático. El texto, que será aprobado en el Consejo de Ministros, está ahora mismo en el Consejo de Estado a la espera de informe.
El documento elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica contempla un incremento del caudal ecológico del río Tajo para preservar su biodiversidad y no poner el riesgo el agua para el consumo humano. Eso reducirá el volumen de agua que pueda ser trasvasada hacia el Levante.
El Ejecutivo apuesta por unos caudales "más ambiciosos" de los ríos ante los efectos del cambio climático como sequías extremas o inundaciones. La previsión es pasar de 28.000 hm3/año a 26.800 hm3/año de agua transferida.
La guerra se inició cuando el presidente valenciano Ximo Puig recurrió al Consejo de Estado para presentar alegaciones y exigir un informe desfavorable. Se queja de que ese proyecto incumple el pacto alcanzado con el Ejecutivo de Sánchez. Según Puig, se acordó introducir una disposición adicional que protegía el trasvase a partir de 2025: antes de aumentar el caudal ecológico, tal y como prevé el plan, había que revisar el estado ambiental de la cuenca del Tajo.
Defiende que esa cláusula tuvo el visto bueno del Consejo Nacional del Agua a final de año y que ha sido retirada de forma unilateral por el Ministerio. Puig argumenta que hay una vulneración de la seguridad jurídica y de la lealtad institucional y reclama convocar otra reunión de ese organismo donde están representados el Gobierno, las comunidades y colectivos económicos y ecologistas para tomar una nueva decisión.
El presidente valenciano dice que no quiere guerras, pero se coloca al lado de los regantes y avisa de que el trasvase es "irrenunciable". Miembros de su Gobierno, al igual que dirigentes de Compromís asistieron a la manifestación. También estuvieron presentes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del Partido Popular, la consejera de Agricultura de Andalucía o los alcaldes socialistas de Lorca, Murcia o Águilas.
La vicepresidenta tercera responde a Ximo Puig que el plan del Tajo no se cambió desde el Ministerio y que al Consejo de Estado se envió esencialmente lo consensuado en el Consejo Nacional del Agua.
A partir de ahí defiende que la decisión sobre el trasvase obedece a "criterios técnicos" y a lo que marca la ley europea, la nacional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha dictado sentencia obligando a fijar un caudal ecológico. "Cinco sentencias han condenado al Gobierno y anulado el plan hidrológico del Tajo", ha proclamado.
Admite que las posiciones de unas y otras comunidades no son compatibles y por eso el Gobierno central tiene que poner por encima el interés general. Teresa Ribera valora que su propuesta es progresiva para dar tiempo a hacer inversiones de más de 8.000 millones de euros en 5 años que permitirán a las comunidades afectadas disponer de más agua sin depender de los recursos de la cabecera del Tajo. Entre esas medidas están las desaladoras y la reutilización del agua.
La ministra ha incidido estos días en que no puede volver a ocurrir lo que pasó en 2017, cuando era ministra de Agricultura la popular Isabel García Tejerina y no se trasvasó nada de agua durante meses a consecuencia de la sequía.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los barones socialistas más críticos con Sánchez por sus pactos con los independentistas, se ha puesto en esta ocasión al lado de Moncloa. Reivindica que su región es la que ha ganado esas sentencias ante el Supremo. "Aquí no hay ningún capricho político, el Gobierno de España está aplicando la ley, no puede no aplicarla", afirmó.
Page sostiene que su comunidad es una tierra solidaria y nunca faltará el agua para consumo humano o para el desarrollo de las empresas en Valencia, Alicante o Murcia, pero reclama optimizar y gestionar mejor el "poco agua" existente frente a los que llevan 44 años sin moverse "un milímetro cúbico de su sitio". Denuncia además que el Tajo sea el único río de toda España que no tiene fijado un caudal ecológico mínimo.
El Sindicato Central de regantes del Acueducto Tajo-Segura ha sido quien convocó la protesta. Son los que ponen cifras a la disminución del volumen de agua trasvasada. Estiman que ese recorte para agua de riego provocará la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros.
Reprochan que Ribera haya firmado "la sentencia de muerte" del sector agroalimentario del Levante, el mayor productor hortofrutícola de Europa. Ellos no contemplan ninguna otra alternativa. "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro", gritaron durante tres horas a las puertas del Ministerio.