Uno de los investigados en el caso Púnica de la Audiencia Nacional fue encontrado muerto en una habitación de hotel de Aranjuez el pasado seis de noviembre. Según explican a NIUS fuentes conocedoras del caso, la Justicia baraja que Antonio Borrego, exjefe de alcaldía de Parla, se habría quitado la vida de forma voluntaria. La confirmación del suceso ha llegado en una comunicación que la defensa de Borrego ha presentado en la Audiencia Nacional y en la que reclama tras su fallecimiento la devolución a la familia de los 60.000 euros que el exresponsable del Ayuntamiento de Parla durante la alcaldía del socialista José María Fraile abonó para evitar la prisión preventiva tras el estallido del caso.
Borrego, de 53 años, fue uno de los responsables políticos señalados por el empresario David Marjaliza como presuntos perceptores de las mordidas entregadas por la empresa de origen francés Cofely para conseguir contratos públicos de alumbrado en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esas fechas el ahora fallecido era la mano derecha del alcalde socialista de la localidad, José María Fraile y en sus declaraciones, Marjaliza mantuvo que habría entregado hasta medio millón de euros en efectivo a Borrego para amañar presuntamente la adjudicación pública y que esas entregas se realizaron tanto en comidas entre ambos como en la sede de las empresas que el empresario y principal arrepentido de Anticorrupción en el caso tenía en Pinto.
Sin embargo, en su declaración Marjaliza matizó que, según tenía entendido, ese dinero no era para el beneficio personal de Borrego, si no “para el partido” y para hacer publicidad “para el jefe”, en referencia al entonces primer edil de Parla. "Entiendo que luego cada uno cogería su parte", matizó después ante el juez Eloy Velasco. De hecho, el fallecido llegó al ayuntamiento con el equipo de Tomás Gómez, pero fue Fraile quien le nombró jefe de alcaldía. Su presunta implicación en el Púnica le llevó a ser detenido e ingresar en prisión preventiva en octubre de 2014, con el estallido de las primeras detenciones. Un mes después, el alto cargo municipal salió en libertad bajo fianza de 60.000 euros. El mismo dinero que ahora reclaman sus abogados al juzgado después de confirmar su fallecimiento.
El pasado mes de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, firmaba la finalización de la investigación sobre la pieza separada número 6 del procedimiento, que afectaba en total a 37 investigados entre los que estaba el ahora fallecido, varios responsables de la empresa Cofely, Marjaliza y los exalcaldes de Valdemoro, Parla, Almendralejo o Torrejón de Velasco, acusados de cobrar presuntas mordidas a cambio de favorecer los intereses de la empresa especializada en iluminación en sus administraciones locales.
En total, la investigación del caso considera que se entregaron 1,6 millones de euros en sobornos y pagos en especie tanto a personas particulares como para beneficiar los intereses electorales de PP y PSOE en las elecciones autonómicas y locales de 2015. En Parla por ejemplo, el volumen de facturación que alcanzó Cofely superó los 54 millones de euros.