El fiscal del Tribunal Supremo se opone también a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo

El fiscal del Tribuanl Supremo, Álvaro Redondo, se opone también a que el alto tribunal abra una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. El fiscal cree que los hechos que ha investigado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se corresponden con unos desórdenes públicos graves.

En un informe que tendrá que ser revisado por la junta de fiscales de lo Penal y al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal Redondo considera que no existen indicios suficientes contra el expresidente catalán.

Delito de desórdenes públicos graves

Asegura en su ponencia que los hechos que ha investigado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se corresponden con unos desórdenes públicos graves.

En Tsunami, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón indaga si los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del "procés" en 2019 constituyeron delitos de terrorismo y si estos pueden imputarse a sus organizadores.

El juez, que ve indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont y Marta Rovira, trata de determinar si hay relación entre las protestas y la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en el aeropuerto del Prat, y cree que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió un policía, incompatibles "con el derecho a la vida e integridad física", reconocido, entre otros, en "el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos".

Este procedimiento fue elevado al Supremo debido a que Puigdemont es aforado. El criterio del Ministerio Público no es vinculante para la Sala de lo Penal del alto tribunal, que tendrá que decidir si lo sigue o decide abrir causa en contra de esta argumentación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya defendió en noviembre un criterio similar al del fiscal Redondo, pues en otro informe el ministerio público indicaba que "los indicios que se consignan resultan insuficientes" para investigar a Puigdemont y Rovira en el procedimiento sobre Tsunami.

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