¿Cómo afecta el nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts a los desalojos y desahucios?

En el nuevo decreto ómnibus de medidas de alcance social pactado entre el Gobierno y Junts se incluye la prórroga para evitar el desahucio de personas vulnerables hasta finales de 2025. La paralización de los desalojos ha sido una de las cuestiones que más ha costado pactar.

Más allá de las ayudas al transporte, a los damnificados por la DANA o la subida de las pensiones, entre otras medidas, el acuerdo entre el Ejecutivo y Junts incluye la paralización de los desahucios y desalojos de las personas vulnerables, sin alternativa habitacional.

El decreto publicado en el BOE -y que entrará en vigor este jueves- extiende “determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo” que se adoptaron para paliar las consecuencias socioeconómicas del covid-2019.

31 de diciembre de 2025

Así, el acuerdo entre el Gobierno de colación y los independentistas catalanes establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los “procedimientos de desahucio y lanzamientos” descritos en el decreto de 2020.

Dicho decreto de 2020 recoge que “la persona arrendataria podrá instar (…) un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva”.

El arrendatario deberá probar con una serie de documentos fijados en el texto del año 2020 su situación de vulnerabilidad. Igualmente, la norma prevé que el arrendador, si también está en la misma situación vulnerable lo alegue ante la justicia. Si ambas partes está en una situación económica difícil, el juez determinará quién debe disponer de la vivienda.

Además, las medidas de vivienda del decreto acordado este martes prevé que el propietario de la vivienda pueda solicitar hasta 31 de enero de 2026 “una compensación”.

El Gobierno busca con el sistema público de avales asegurar al propietario el cobro de la renta de alquiler. 

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