El procesamiento del fiscal general del Estado: del caso Alberto González Amador a su causa por presunta revelación de secretos
Álvaro García Ortiz será el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo: podría enfrentarse a seis años de prisión
El Tribunal Supremo desestima el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le sitúa a un paso del banquillo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría enfrentarse a seis años de prisión por una filtración en la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid; un caso que sigue su curso también en los tribunales.
Su causa nace así de esa otra: de la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y sus dos presuntos delitos de fraude fiscal. Fue en marzo de 2024 cuando algunos medios comenzaron a hacerse eco de una información falsa publicada por Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Se decía entonces que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador cuando era al revés: la pareja de Ayuso era quien pedía el pacto y reconocía los delitos.
Del caso de Alberto González Amador al caso del fiscal general del Estado
Esa misma noche, otros medios lo demostraban con el intercambio de correos entre el abogado de Amador y el Ministerio Público. Ello antes de que la Fiscalía publicase una nota informativa con esos correos.
Tras ello, Alberto González Amador presentó una querella contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos y el fiscal asumió entonces toda la responsabilidad.
“Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, dijo exactamente Álvaro García Ortiz.
Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo
La causa acabó en el Tribunal Supremo con la imputación del fiscal general del Estado el 16 de octubre y la de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
“Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo”, recalcó Álvaro García Ortiz. Sin embargo, para el magistrado instructor de la causa, sus comunicaciones en las horas previas a la publicación de la nota sostenían “indicios suficientes” de que estuviesen detrás de la filtración.
Más allá, el juez además apunto a Moncloa, sosteniendo que fue desde allí donde se dieron instrucciones para hacer un uso político de esa información.
En ese contexto, el Gobierno, siempre defendiendo al fiscal, lo negó rotundamente. “Lamento mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no ha sucedido nunca”, llegó a decir Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Ahora, Álvaro García Ortiz será el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo. En caso de declararse culpable, conllevaría su inhabilitación.
