García Ortiz paga la sanción y TS pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle 10.000 euros de indemnización
La Abogacía del Estado informa de que los fondos son lo recaudado por la UPF y González Amador pide que no se anule la sentencia
Pedro Sánchez responde a Elon Musk sobre la regularización de inmigrantes: "Marte puede esperar, la humanidad no"
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abonado los 17.200 euros de sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) tras ser condenado por un delito de revelación de secretos. Tras el pago, el alto tribunal ha solicitado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, que facilite su número de cuenta bancaria para proceder al ingreso de la indemnización.
El Supremo ordena transferir al Tesoro Público los 7.200 euros correspondientes a la multa, además de requerir a González Amador sus datos bancarios para abonarle los 10.000 euros fijados como responsabilidad civil
La Abogacía del Estado, que ejerció la defensa del ex fiscal general, comunicó previamente al tribunal el ingreso íntegro de la cantidad, precisando que los fondos proceden de aportaciones voluntarias coordinadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF). No obstante, subrayó que García Ortiz asume el pago como propio.
La UPF, asociación a la que perteneció el ex fiscal general, impulsó una campaña de colaboración para cubrir las responsabilidades económicas derivadas de la condena y anunció semanas después que se había recaudado la totalidad del importe necesario.
En un comunicado, destacó que decenas de fiscales y ciudadanos participaron en un llamamiento que calificó de “ético, no económico”, defendiendo la actuación y la inocencia de García Ortiz
Pese al pago de la sanción, García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, alegando que actuó en defensa de la credibilidad de la Fiscalía frente a supuestos ataques. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado ha autorizado su reincorporación a la carrera fiscal, concretamente a la Sección de lo Social de la Fiscalía del Supremo.
Además, el Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites ante una primera solicitud de indulto, planteada por varios particulares, y ha solicitado al Supremo que emita su informe preceptivo al ser el órgano sentenciador.
Por su parte, González Amador ha pedido al Supremo que rechace el incidente de nulidad, sosteniendo que García Ortiz era plenamente consciente de que estaba revelando información reservada, susceptible de causar perjuicio tanto al funcionamiento de la Administración como a los derechos fundamentales del afectado.
En su escrito, critica que el ex fiscal general pretenda justificar su actuación en una supuesta libertad de expresión institucional, recordando que las instituciones del Estado no son titulares de este derecho fundamental y que la función informativa de la Fiscalía está estrictamente limitada por el deber de reserva y sigilo.