El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales
El acuerdo se entrará en vigor el próximo 15 de abril y no fijará una cantidad compensatoria para la víctima
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El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, en casos que ya han prescrito. El acuerdo se entrará en vigor el próximo 15 de abril y no fijará una cantidad, sino que se adecuará a cada caso.
El protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello ha explicado que no habrá baremos, una reclamación que pedían las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia.
El protocolo firmado, garantizará un seguimiento ordenado de los pasos para la ejecución de los procedimientos que permitan solicitar y abonar las reparaciones por los daños que hayan sufrido las víctimas de los abusos sexuales por líderes espirituales de la Iglesia Católica.
Las víctimas podrán iniciar su petición de indemnización a partir del 15 de abril ante el Ministerio de Justicia
Con el nuevo mecanismo, la víctima podrá iniciar, a partir del 15 de abril, el proceso ante el Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a la solicitud de la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.
El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
