Un diputado de Vox afirma que hay que “combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia

Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, ha generado polémica tras afirmar que existe “un deber de combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia. Unas palabras que vincula a las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha provocado muchas reacciones en el ámbito político al hacer referencia a la violencia.  

Además, en Cataluña, en una rueda de prensa posterior a la votación de la iniciativa la proposición al Congreso de reforma de la eutanasia, la diputada de Vox Maria Fuster ha anunciado que su formación ha pedido las comparecencias en el Senado de todos los miembros de la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya que decidieron sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Fuster, que ha tildado la Comisión de "pelotón de ejecución", ha asegurado que no descartan emprender acciones legales tras esas comparecencias si lo creen oportuno.

El pleno del Parlament ha aprobado tramitar por el procedimiento de lectura única la propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley de reforma de la ley de eutanasia. Es una proposición de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que ha recibido el apoyo de estas formaciones y de Aliança Catalana, y PP y Vox han votado en contra.

La reforma que proponen modificar la regulación de la eutanasia

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el diputado Guillem Mateo, ambos de Units y del grupo del PSC, han votado también en contra en aplicación del acuerdo con los socialistas sobre libertad de voto en cuestiones como la eutanasia o el aborto. El texto propone modificar la Ley orgánica de regulación de la eutanasia y la reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa para agilizar la resolución de los recursos contra las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación --los órganos que deciden en los procesos de eutanasia-- y evitar así que los procesos se alarguen.

Se propone que las decisiones que se recurran solo puedan darse ante la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justicia correspondiente territorialmente y en un periodo de 3 días. Estas tramitaciones tendrían carácter sumario y preferente, y periodos acortados e improrrogables; contra estos tribunales solo cabría recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). En una próxima sesión plenaria se hará el debate final de la iniciativa en el Parlament y, si se aprueba definitivamente, se enviará a la Mesa del Congreso para que tramite la proposición y, en su caso, se debata en la Cámara baja.