Unas 3.000 personas entre pensionistas andaluces y funcionarios de prisiones, además de afectados por iDental, entre otros colectivos, han protagonizado este viernes una concentración en Sevilla, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Prisiones ha convocado dos concentraciones una de ellas en Sevilla en defensa de mejoras de las condiciones salariales y laborales. El sindicato exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rectifique y negocie con los sindicatos, "única manera" de que se desconvoquen las movilizaciones previstas. Este se ha mostrado sorprendido por el momento de las protestas.

Los funcionarios de prisiones, que se han enfrentado con la policía al grito de "pedimos lo mismo que vosotros", consideran que son un grupo olvidado por todos y piden mejorar salariales y más personal. Prometen que no van a parar. Sus protestas, cada vez más fuertes, se han extendido por diferentes puntos de España, de hecho, durante este paro general, la actividad habitual de más de 70 centros penitenciarios se verá alterada, tanto en el régimen de comunicaciones de los internos con el exterior --'vis a vis' o visitas-- y las actividades socio-culturales, como en las deportivas o las formativas, lo que afectará también al segundo día de cárcel de Rodrigo Rato en Soto del Real (Madrid). De hecho este se va a quedar sin poder salir al patio.

Los pensionistas, que no han podido hacer entrega de una carta preparada para el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social, Magdalena Valerio, han pedido un cambio "radical" en la Constitución para garantizar las pensiones en España y "no solo que el gobierno de turno las asegure para uno o dos años".

El movimiento argumenta que las pensiones son un "bien público, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Española", y reivindica que se incluyan "en el Título Primero", de Derechos y deberes fundamentales; en concreto, en la Sección Segunda --de los Derechos y deberes de los ciudadanos-- del Capítulo 2º de la Carta Magna, de Derechos y libertades. El colectivo avisa de que sus miembros están dispuestos a "defender con nuestros cuerpos y nuestra salud si hace falta" el actual "sistema de reparto solidario, ejemplo de lucha y movilización de millones de trabajadores que en muchas décadas han dejado su salud y su vida por el camino”.