Los interinos que han ocupado estos puestos durante muchos años en la Administración Pública, tienen ahora que opositar para optar a una plaza fija como el resto de aspirantes. Así lo ha explicado la Audiencia Nacional que ha desestimado un recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) contra el acuerdo para la mejora y estabilización del empleo público firmado en el año 2017 por el Gobierno y los sindicatos.
La Asociación Nacional de Interinos y Laborales pretendía que los interinos no tuvieran que recurrir a las oposiciones para acceder a un puesto fijo dentro de la Administración, sino que prevea un concurso específico de méritos, sin oposición. En el caso del personal indefinido no fijo, ANIL reclamaba en su recurso una indemnización para aquellos empleados que no obtengan plaza en las convocatorias de provisión de los puestos que ocupan.
Con el fallo de la Audiencia Nacional se entiende que rechaza todas las pretensiones de ANIL, en lo referente a los puestos de los funcionarios salvo en lo referente a la indemnización reclamada sobre la que no se pronuncia por considerar que se trata de una cuestión ajena al pleito.
La jurisprudencia del Constitucional como del Tribunal Supremo avalan "la preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas". Además, señalan que el Estatuto Básico del Empleado Público ha establecido que los sistemas selectivos de funcionarios serán los de oposición y concurso-oposición, insistiendo en que solo de manera excepcional se harán mediante concurso en los que se valoren únicamente los méritos.
La Audiencia tampoco ve apoyo legal a que el personal laboral indefinido no fijo al que por sentencia se la haya reconocido esta cualidad no sea incluido en las primeras ofertas públicas de empleo. CSIF ha señalado este miércoles que la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas pasa precisamente por el desarrollo urgente de los acuerdos de estabilización en el empleo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018. La tasa de temporalidad en el empleo público de España alcanza el 28,2%, dos puntos por encima de la del sector privado (25,9%).