El Parlament concede una prestación a Junqueras de 13.000 euros y otra a Jordi Sánchez de 900

Junqueras en su mundo: espera ser declarado inocente y arremete contra Sánchez por irresponsable
telecinco.es
  • Se suele dar a los parlamentarios cuando no tienen ningún sueldo al dejar el cargo

  • Es un sustituto de la prestación del paro, a la que los diputados no pueden acceder

  • El resto de presos soberanistas que eran diputados no la han solicitado

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La Mesa del Parlament ha aprobado la concesión a Oriol Junqueras, líder de ERC, y a Jordi Sánchez, diputado de JxCat en el Congreso, una prestación por cese de actividad que se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo.

Esta retribución está contemplada en el reglamento del Parlament y se suele conceder a los diputados cuando abandonan su actividad parlamentaria como un sustituto de la prestación del paro, a la que los diputados no pueden acceder.

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Junqueras y Sánchez han solicitado esta prestación, a diferencia de los otros presos soberanistas que eran diputados, que no la han pedido, después de dejar el Parlament para ser diputados en el Congreso argumentado que no reciben ningún sueldo porque están suspendidos en la Cámara baja y no han llegado a cobrar nunca.

Sánchez recibirá un pago total de 900 euros y Junqueras de 13.000. La cantidad de la prestación se calcula de manera proporcional al tiempo en el que ha sido diputado y por eso el líder de ERC recibirá una retribución más alta al haber estado siete años como diputado, a diferencia del dirigente de JxCat, que ha estado menos de dos.

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Ciudadanos cuestiona esta medida

Esta concesión ha sido aprobada en la Mesa por todos los grupos, excepto por Cs, que ha cuestionado que Junqueras y Sànchez cumplan los requisitos para recibir la prestación, han explicado otras fuentes parlamentarias.

Según el partido naranja, hay que tener en cuenta que ambos son diputados en el Congreso y que hay que esperar a la sentencia del juicio del 1-O para ver si finalmente quedan inhabilitados, porque sostienen que, si la sentencia no los inhabilita, podrían cobrar en el Congreso y no tendrían derecho a recibir la prestación del Parlament.