Torra camina sobre la cuerda floja ante la posibilidad de que los políticos presos en Cataluña sean condenados por el Supremo. Las presiones al Gobierno de Sánchez se suceden. “O gestos o no hay presupuestos”, dice Junqueras desde la cárcel, convertida ella en u despacho desde el que cogobierna. No se atreve Torra a decir que abrirá las cárceles, pero sí a dar una respuesta de nación si hay condena. El diario La Razón desvela la puerta falsa por la que casi todos podrían quedar contentos.
Con las competencias penitenciarias transferidas y con un director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Calderó, abiertamente independentista y pro presos no parece una locura la propuesta del diario conservador. Sin descartar la posibilidad de un indulto, (en su día fue una de las ideas del PSC que el PSOE rápido desmintió), los expertos consultados por el diario señalan la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario como una posibilidad no tan remota.
Esta medida, de carácter excepcional, tiene efectos inmediatos, pero a posteriori debe contar con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria competente en función del lugar donde se ubique el centro penitenciario. El 100.2 se ha invocado en el pasado para acordar la excarcelación de miembros de ETA como Belén González Peñalva (fallecida en 2017), Juan José Rego Vidal, José Luis Elkoro o José Ignacio de Juana Chaos, Gerardo Díaz Ferrán, entre otros.
Con ese criterio, aunque la pena en su conjunto superase los cinco años, no habría que esperar a que se cumpliese la mitad de la condena. Puigdemont y otros doce líderes independentistas procesados por rebelión ya han hecho frente a los 2,1 millones que, en concepto de fianza de responsabilidad civil, una de las condiciones para aplicar este artículo.