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El Gobierno ha anunciado por medio de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, la rebaja de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PER), una medida con carácter "coyuntural" y que ha vinculado a la dificultad de los jornaleros para poder recibir estas ayudas debido a la caída de la carga de trabajo por los temporales de los últimos meses.
Esta decisión pretende hacer frente a la crisis agraria que ha levantado protestas en las últimas semanas por todo el país, y que este pasado viernes ha colapsado el centro de Valencia.
Según cifras oficiales, se calcula que dos terceras partes de todos los temporeros agrícolas de España se concentran entre Extremadura y Andalucía. Desde Trabajo han precisado que la aprobación de esta rebaja de las peonadas para facilitar que los jornaleros accedan a estas ayudas se producirá en breve.
Este programa que nació hace ya 34 años, durante el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de mejorar las condiciones laborales en las zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura.
Más tarde en 1996 pasaría a llamarse ‘Plan de Fomento del Empleo Agrario’ (Profea) y se incluyeron otras comunidades autónomas al plan: Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia.
Consiste en un pago de unos 430 euros durante seis meses para desempleados, sin rentas e inscritos como demandantes de empleo.
Por ello, esta medida se lleva a cabo con el único objetivo de beneficiar a los agricultores. En estos últimos años se han destinado más de 200 millones de euros anuales para 48 provincias con zonas rurales deprimidas por toda España.
El Gobierno de Sánchez aplicó el octubre pasado esta medida temporalmente en Jaén como respuesta a los aranceles impuestos por EE.UU contra los productos agrarios españoles. Un año antes había hecho lo mismo en Andalucía para compensar la sequía que golpeó la región.