Mucha demanda y poquísimo sueldo: ¿quién cuidará a los boomers?

Alberto Álvarez 01 JUL 2026 - 08:00h.

Estamos viviendo una transformación demográfica de enormes dimensiones. La generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España comienza a jubilarse y se hace mayor. Dentro de unos años, muchos necesitarán ayuda para ducharse, vestirse, comer, tomar la medicación o salir de casa y se sumarán a los españoles que ya necesitan cuidados hoy. El problema es que el país no tiene suficientes profesionales para atender a tanta gente y tampoco ofrece unas condiciones laborales capaces de atraer a nuevos trabajadores.

LLuvia de millones

En medio de estas cifras, el Gobierno acaba de anunciar la mayor aportación del Estado al sistema de dependencia desde que se creó. Se modifican por ley las cuantías que reciben las autonomías —que tienen la competencia exclusiva en la gestión de la dependencia— por cada usuario atendido. Así, a partir del 1 de julio, según Derechos Sociales, las comunidades pasarán a percibir más dinero por cada uno de los más de 1,6 millones de beneficiarios de la ley. Serán 90 euros al mes por cada persona valorada como grado I, el más leve (un 18% más que ahora, 76 euros); 260 por cada grado II (el doble que ahora, 130 euros), y 660 euros por cada grado III, el más grave (un 128% más que los 290 euros actuales).

Estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026, según los cálculos de Derechos Sociales, y los 7.239,4 millones en 2027. Para 2025 había presupuestados unos 3.200 millones de euros, de modo que hablamos de más de 6.200 millones de euros.

La pregunta es si esa lluvia de millones servirá para mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores que atienden a las personas dependientes.

Las cuentas

Un estudio de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales calcula que España necesitará al menos 261.400 nuevos trabajadores en cuidados de larga duración hasta 2030, incluso en el escenario más conservador. El número de profesionales tendría que aumentar un 53%, desde unos 490.000 en 2024 hasta superar los 751.000 al final de la década. Y eso para mantener el sistema actual que es deficitario en muchas cuestiones. Si se aspirase a atender a todas las personas que necesitan ayuda y a reforzar los servicios domiciliarios de manera idónea, con más horas de atención y más profesionales especializados, la cifra sería todavía mayor.

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha reconocido que el país se encuentra ante un “desafío crítico”. A su juicio, no bastará con contratar más personal, será necesario profesionalizar el sector y ofrecer mejores condiciones laborales y salariales. “Las necesidades de cuidados de larga duración van a ser mayores por el aumento demográfico y de longevidad”, advierte en el informe citado.

Mal pagado

El informe El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España, elaborado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, sitúa el salario medio del sector entre un 35% y un 45% por debajo del promedio nacional de salarios. Además, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales casi duplican la media. Cuidar exige levantar cuerpos, movilizar personas con escasa autonomía, trabajar de noche y soportar una importante carga emocional.

Queremos trabajadores excelentes, vocacionales y entregados con salarios precarios. La ecuación no cuadra. ¿Quién querría trabajar en algo tan exigente física y mentalmente, tan mal pagado y que tiene escasas posibilidades de proyección profesional? La precariedad determina la posibilidad de contratar y conservar trabajadores, pero también la calidad de la atención. Una residencia o un servicio domiciliario con rotación continua, bajas sin cubrir y jornadas fragmentadas malamente pueden ofrecer cuidados personalizados.

Sergi Jiménez-Martín, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra e investigador de Fedea, considera que la siguiente etapa del sistema debe centrarse precisamente en “mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la fuerza laboral”. Para ello propone priorizar la estabilidad, la formación y una remuneración justa. También reclama profesionalizar el empleo tanto en residencias como en atención domiciliaria. ¿Es posible?

Las trabajadoras del sector describen una situación límite. En una reciente protesta del sector de la dependencia en Castilla y León denunciaron salarios bajos, contratos de pocas horas y plantillas insuficientes. Pilar Gutiérrez, secretaria de Atención Social de UGT, resumió las consecuencias denunciando que “algunos usuarios tienen que ser levantados a las cinco de la mañana para poder completar las rutas previstas. No somos cronómetros”, reclamaban las auxiliares.

Los hijos ya no son el plan de cuidados

El eslabón más firme que sujeta el sistema de cuidados en España está a punto de romperse. Durante décadas resolvimos buena parte de la dependencia dentro de las casas. Cuando un padre o una madre dejaban de valerse por sí mismos, una hija reducía su jornada, abandonaba el empleo o reorganizaba su vida. Ese modelo familiar, nunca gratuito para quienes lo asumen, se está agotando.

Las familias son más pequeñas, los hijos viven con frecuencia en otras ciudades y las mujeres participan plenamente en el mercado laboral. La maternidad tardía, la precariedad y las dificultades de acceso a la vivienda echan más leña a una hoguera a punto de prender. Muchos de los cuidadores de hoy llegan a la dependencia de sus padres mientras todavía mantienen a sus hijos. Es la denominada generación sándwich, que pasados los 60 no quieren renunciar a 10 o 15 años de sus vidas, los últimos seguramente con buena salud, para dedicarlos a cuidar a sus padres. Las nuevas generaciones ya no consideran que el cuidado intensivo deba recaer automáticamente sobre la familia y, especialmente, sobre las hijas.

El estudio de Fundación Pilares sobre la evolución de los cuidados familiares detecta una demanda creciente de corresponsabilidad entre familiares, servicios públicos y profesionales. Cuando se preguntó a los cuidadores quién preferirían que los atendiera en el futuro, el 40% eligió a su pareja y solo el 26% señaló a sus hijos. Las mujeres mostraron, además, una preferencia mucho mayor que los hombres por los profesionales de los servicios sociales públicos: un 30% frente a un 16%.

Esta investigación concluye que, cuando la dependencia se agrava, muchas personas prefieren una residencia pequeña y bien dotada antes que trasladarse a casa de sus hijos.

Hacia un nuevo modelo

Esta nueva forma de pensar y de comportarse socialmente impactará de forma decisiva en el cuidado de los boomers. Esos 15 millones de personas que hoy tienen entre 55 y 75 años son todavía independientes, pero necesitarán cuidados, y el sistema actual no servirá para atenderles.

Pese a ese cambio cultural, el sistema todavía presupone que habrá una familia disponible para cubrir lo que no alcanza la ayuda oficial. El informe del CENIE calcula que el 63% de los mayores de 65 años con limitaciones severas no recibe atención del sistema de dependencia. Incluso entre quienes cuentan con algún apoyo, un 28% considera que resulta insuficiente.

Nacho Álvarez, que fue secretario de Estado de Asuntos Sociales y dirige el estudio del CENIE, atribuye esa brecha a la infrafinanciación. Su diagnóstico es que los cuidados de larga duración continúan siendo la parte más frágil del Estado del bienestar. A finales de 2025 todavía había más de 285.000 personas pendientes de algún trámite y el tiempo medio para acceder a las ayudas rondaba un año, cuando el máximo legal es de seis meses.

Cuando el servicio público no llega, alguien tiene que cubrir esas horas. Si la familia dispone de dinero, contrata a una cuidadora, frecuentemente una mujer migrante y no siempre en condiciones regulares. Si no puede pagarla, el trabajo vuelve al hogar. Fundación Pilares alerta de que estas cuidadoras externas constituyen una pieza esencial del sistema, pero muchas trabajan sin contrato, con jornadas extensas y una elevada vulnerabilidad.

El coste de no hacer nada

Resolver el problema exige mucho más que subvencionar cientos cursos de formación. Mientras cuidar signifique cobrar poco, trabajar a tiempo parcial de manera involuntaria y asumir una elevada carga física, el sector seguirá perdiendo profesionales frente a la sanidad, otros servicios públicos o actividades menos exigentes.

El CENIE estima que España necesitaría invertir unos 16.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para ofrecer una cobertura universal y mejorar los servicios. Esta inversión permitiría crear alrededor de 430.000 empleos. Álvarez recuerda, además, que cada euro destinado a dependencia genera 1,6 euros de actividad económica y que casi la mitad retorna a las administraciones mediante impuestos y cotizaciones. “Lo que llamamos gasto en dependencia es inversión”, sostiene.

Los números del ex secretario de Estado plantean interrogantes serios. ¿Podrá nuestra economía aportar 5.000 millones de euros anuales al sistema de dependencia? ¿Cómo se tomarán las nuevas generaciones que el presupuesto en cuidados y pensiones se lleve más del 50% del gasto público?

La cuestión, por tanto, no es solo quién cuidará a los boomers. La pregunta es en qué condiciones se hará y quién pagará la factura. Las familias solas no podrán asumirla y las nuevas generaciones ya no aceptan que la respuesta sea sacrificar la vida personal y laboral. España necesitará cientos de miles de profesionales, pero difícilmente los encontrará si continúa pagando el cuidado como un trabajo menor. Para cuidar bien a una sociedad envejecida, primero tendrá que aprender a cuidar a quienes cuidan, y buscar los recursos necesarios para hacerlo sin que los más jóvenes, que deberán pagar la factura, rompan la baraja.