Una jueza anula la decisión de Trump para invalidar los permisos de residencia humanitario de más de medio millón de migrantes

Inmigrantes a su llegada a la Base naval de EEUU en Guantánamo
Un grupo de inmigrantes deportados de EEUU. Reuters Archivo
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La justicia de Estados Unidos pone coto a los excesos de su presidente en materia migratoria. Una jueza federal ha dictado que la Administración de Donald Trump no puede cancelar de forma abrupta las medidas de protección, entre el ellos el llamado 'parole humanitario', de las que se benefician más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El plan del Gobierno de Trump ponía como fecha límite el 24 de abril, para cancelar un programa impulsado por la Administración de Joe Biden que amparaba legalmente a unos 532.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. A partir de esa fecha, estas personas quedaban en situación irregular por lo que se arriesgaban a ser detenidos si no abandonaban el territorio de forma voluntaria.

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La jueza Indira Talwani, de un tribunal de Boston, ha parado la orden presidencial que contempla la eliminación del programa sin justificarlo "caso por caso" y pone en entredicho el cumplimiento del Estado de derecho, toda vez que se trata de migrantes llegados de manera legal con un programa impulsado por el propio Gobierno, según la cadena CBS News.

La juez considera que los permisos de residencia deben mantenerse hasta su vencimiento natural

“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, según la sentencia de Talwani.

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Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a esos migrantes, bajo el programa del Gobierno de Biden conocido como permiso de permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países que beneficiaban).

La jueza ha argumentado su decisión tras explicar que estas protecciones deben mantenerse hasta su vencimiento natural, algo que se puso en marcha en octubre de 2024 el Gobierno de Biden cuando su gobierno federal decidió que ya no volvería a otorgar el parole humanitario a los migrantes bajo ese programa, cuando se venciera el plazo de dos años de los beneficios, que incluye la autorización de trabajo.

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Trump ha prometido endurecer la política migratoria de Estados Unidos y acelerar las deportaciones, pero en este cometido se ha topado con el recelo de unos tribunales que ya han tumbado algunas de sus medidas. A finales de marzo, otro juez puso en entredicho la finalización del estatus de protección política brindado a más de 350.000 venezolanos.

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