Hasta ahora no había habido una respuesta clara y pública como la que se dio hace unos dias en Roma, en la rueda de prensa tras la visita al Papa Francisco, del presidente de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Barcelona, Juan José Omella, acompañado del arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, y el arzobispo de Tarragona. La CEE había mantenido una actitud propia en cuanto a las polémicas que durante los últimos años han surgido por los casos de abusos en la Iglesia española, los más recientes destapados por la prensa. Esa prudencia en las declaraciones fue solo rota por varias recientes acusaciones que apuntaban a una “falta de rigor” por parte de los periodistas. Contrastaba esta actitud con la del Papa Francisco, que pidió siempre que tuvo ocasión que se esclareciesen los casos, se luchase por la verdad y agradecía, hace tan solo unas semanas, directamente el valor de los que luchan porque esto se conozca.
El tema de los abusos lleva meses, años, encima de la mesa, pero ha llevado unos ritmos diferentes en cada país. Alcanzó una gran relevancia inicial cuando en el 2002 el diario Boston Glove empezó a sacar los casos de varias víctimas de abusos en la Iglesia de EE.UU. Siguieron sus pasos en otros países y recientemente han sido un ejemplo de actuación Portugal y Francia que decidieron abrir una comisión de investigación externa que pudiese hacer frente a las denuncias de las víctimas. Daban importancia, así, a la gestión independiente de los casos. Desde el Vaticano el pontificado de Papa Francisco ha sido también un punto de inflexión en la retórica y en las propias herramientas para hacerle frente. A finales del año 2019 el pontífice decidió abolir el secreto pontificio en casos de violencia sexual en la Iglesia, abriendo una vía fundamental a los tribunales para acceder a información de extrema importancia en los procesos judiciales.
El pasado mes de octubre describía Francisco como una “vergüenza” la incapacidad de la Iglesia para la gestión de la pederastia. Sabe que es una cuenta pendiente con la sociedad y una brecha dolorosa para la institución. El pasado viernes, así, la Iglesia española se desmarcó en su estrategia y quiso dejar claro que sus intenciones eran las de seguir con la gestión a través de las oficinas de atención a las víctimas abierta hace casi dos años en las diócesis españolas. “Portugal, Alemania y Francia hacen lo que creen conveniente. Nosotros hemos establecido unas comisiones en cada diócesis, al margen de los tribunales, para acompañar a esas personas que se sienten heridas y para evitar que esas cosas vuelvan a suceder”, respondía Omella. No entró en los detalles de la gestión ni en la responsabilidad de la Iglesia como institución, sí dijo que esa era la forma “más humana y cercana” y que contaban con el apoyo de la Santa Sede.
A su lado, tras esta respuesta, el cardenal valenciano Cañizares, se dirigió a los periodistas y pidió a la prensa, en un tono muy serio, “prudencia”. Respondían las entidades religiosas españolas en términos generales sobre la polémica de los abusos en España pero también, a nivel particular, sobre una reciente investigación realizada por EL PAÍS que desvelaba 251 casos abiertos con más de mil víctimas que fueron entregados en un dossier a la CEE y al Vaticano. En ese camino que está entre el apoyo de la institución y la elección de las víctimas de denunciar en un periódico Omella ha reconocido, en última instancia, que la comunicación no ha sido adecuada desde el CEE y eso ha impedido que las víctimas se dirigiesen directamente a ellos. “Muchas familias se han callado porque afectaba a su honor. Cada uno tiene su proceso, nosotros queremos mirar al futuro”, dijo el obispo de Barcelona intentando poner punto y final a la polémica ante la prensa.
En el encuentro con la prensa también ha sido comentada la relación de la propia CEE con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. “El diálogo no está roto. En los temas de bien común estamos de acuerdo, en los temas que afectan a la moral no siempre coincidimos. Nos mantenemos en el respeto y en la firmeza. También mantenemos diálogo en el tema de la enseñanza”, dijo Omella para finalizar. Desde el comienzo de la legislatura ha habido algunos episodios de tensión como cuando la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusó a La Iglesia de ser cómplice y ocultar los casos de abusos a menores.