El Imserso abre la mano con nuevos cambios: se podrá viajar con quien quieras

Los viajes del Imserso van a cambiar. Desde hace unos años las entidades del tercer sector y las organizaciones de mayores han estado reclamando que el programa recuperara su espíritu inicial, es decir, el de permitir viajar a los jubilados que no pudieran costearse un viaje por sus propios medios.

Ahora el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una consulta pública previa para preparar una nueva normativa del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Se ha abierto el plazo para que ciudadanos, asociaciones y organizaciones puedan enviar sugerencias antes de que el Gobierno redacte el texto definitivo. El plazo estará abierto hasta el 18 de junio y cualquier persona interesada en hacer alguna sugerencia que mejore el programa de viajes podrá hacerlo en esta dirección.

El Imserso no ha dado mucha publicidad a este periodo de consulta, que comenzó el 4 de junio. El objetivo es recoger opiniones sobre qué problemas debe resolver la futura regulación, si la norma es necesaria, qué objetivos debería perseguir y qué alternativas podrían plantearse. Es, por tanto, una oportunidad para proponer cambios en uno de los programas sociales más conocidos por las personas mayores en España.

Qué se quiere cambiar

Es importante recordar que los viajes del Imserso no son una subvención o una ayuda, se trata de una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social, y como tal deberían dedicarse a atender necesidades urgentes de la población. Las modificaciones que se proponen van en la línea de recuperar el espíritu original del programa.

No solo para válidos

Por ello se quiere reformar la exigencia actual de que las personas usuarias puedan valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En la práctica, esta condición deja fuera a las personas con dificultades de movilidad, dependencia leve o necesidad de apoyos puntuales. Precisamente aquellas que tienen más necesidad del programa, si lo que se pretende es promover el envejecimiento activo. El planteamiento del Ministerio es avanzar hacia un modelo menos excluyente, en el que la necesidad de ayuda no sea automáticamente una barrera para participar en los viajes.

Acompañantes

De esta primera premisa se desprende la segunda. Actualmente, las personas usuarias pueden viajar acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que mantengan una relación estable de convivencia análoga a la conyugal, aunque esa persona no cumpla los requisitos exigidos para acceder al programa. También pueden ir acompañadas por hijos con discapacidad, siempre que tengan reconocido un grado igual o superior al 45%, viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o abonen el suplemento correspondiente.

El problema, según plantea la consulta, es que esta regulación se ha quedado desfasada. Muchas personas mayores no encajan en ese modelo familiar clásico. Hay quienes viven solas, quienes no tienen pareja, quienes dependen de una hija, un sobrino, una amiga, un cuidador o una persona de confianza. Y también hay personas que necesitan apoyos para poder viajar, pero no necesariamente un acompañante vinculado por matrimonio o convivencia afectiva.

Por eso, uno de los cambios que se estudian es ampliar la figura del acompañante para que la persona usuaria pueda designar libremente a quien considere más adecuado. La consulta menciona expresamente la posibilidad de incorporar al asistente personal, figura prevista en la Ley de Dependencia y pensada para favorecer la autonomía de las personas que necesitan apoyos, pero poco desarrollada aún. Este cambio sería importante porque permitiría que determinados usuarios no quedaran fuera del programa por no poder viajar solos o por no tener un acompañante dentro de los vínculos ahora admitidos.

Discapacidad

Otro cambio relevante afecta a los descendientes con discapacidad. La regulación actual exige un grado igual o superior al 45% para que puedan viajar como acompañantes de sus padres. La propuesta planteada en la consulta es rebajar ese umbral al 33%, que es el grado general reconocido en la normativa española para considerar oficialmente una situación de discapacidad. El Ministerio entiende que mantener el listón en el 45% puede suponer una restricción injustificada y poco coherente con la legislación vigente.

Abrir la participación

También se plantea abrir una nueva vía de participación a través de grupos organizados por entidades del tercer sector de acción social y organizaciones de economía social. Estas entidades trabajan habitualmente con personas mayores, personas con discapacidad o colectivos en situación de vulnerabilidad. Su incorporación al programa podría facilitar la identificación y el acceso de personas que necesitan acompañamiento, organización previa o apoyos específicos para poder viajar. Esta es una de las viejas reivindicaciones de las organizaciones de mayores que ahora puede verse cumplida.

La reforma también pretende adaptar el lenguaje de la orden a los cambios introducidos por la Ley 8/2021, que cambió los antiguos sistemas de sustitución de la capacidad jurídica, como la tutela en personas adultas, por un modelo basado en apoyos y en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. La idea de fondo es que las personas mayores o con discapacidad no sean tratadas como sujetos pasivos, sino como ciudadanos con derecho a decidir cómo, con quién y en qué condiciones participan en las actividades sociales.

Actualizar la ley

La norma que regula actualmente el programa es la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre. Esa orden dio un marco jurídico claro a los viajes, pero el propio documento sometido ahora a consulta pública reconoce que la realidad social ha cambiado. El Ministerio considera necesario actualizar parte de su contenido para que el programa sea más inclusivo, accesible y coherente con los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

El proceso

Hasta finales de año no es probable que los cambios mencionados, más alguno que puedan ser recogidos de la consulta abierta, se fijen en una nueva normativa, aunque la intención del Gobierno es hacerlo a través de una orden ministerial, lo que reduce los plazos. Entre tanto los requisitos de acceso al programa seguirán siendo los actuales.