Sanidad podría penalizar a las comunidades autónomas que no garanticen el acceso público al aborto
Sanidad detecta barreras para el acceso público al aborto y podría sancionar a comunidades que incumplan la ley
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El Ministerio de Sanidad ha asegurado este jueves que muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas que dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, por lo que ha anunciado que elaborará un informe para analizar la situación y penalizar a las comunidades autónomas que no lo garanticen.
El informe evaluará el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, y analizará si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos, ha informado el Ministerio mediante un comunicado.
A partir de los resultados recogidos, Sanidad podría iniciar procedimientos legales contra aquellas comunidades autónomas que no estuvieran garantizando el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad al IVE en el sistema público de salud.
Asegurar el derecho de forma igualitaria
En primera instancia, si se detectaran incumplimientos y en función de su gravedad, la Alta Inspección del Estado enviaría requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas solicitando información detallada sobre las medidas que estén aplicando o prevean aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente.
En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, el Ministerio de Sanidad adoptará las medidas legales oportunas, dentro del marco normativo, para asegurar que se cumple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
Proteger los derechos fundamentales
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha enviado una carta a las comunidades autónomas en la que subraya la necesidad de garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, a la vez que ha avisado de que se valorará iniciar procedimientos legales frente a aquellos gobiernos autonómicos que no cumplan con la ley del aborto.
En la misiva dirigida a los consejeros del ramo, Padilla recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, tiene como objetivo "proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva"
Sigue habiendo barreras
El secretario de Estado reconoce que, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de esta normativa, "muchas mujeres siguen encontrando barreras —geográficas, administrativas u organizativas— que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud".
"Este procedimiento se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud", ha defendido el Ministerio de Sanidad en un comunicado del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud", ha defendido el Ministerio de Sanidad en un comunicado.