Por primera vez existen fármacos que ralentizan el alzhéimer, pero su acceso es limitado: "Han decidido no financiarlos"

Los nuevos tratamientos han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en fases iniciales, pero su elevado coste y la decisión de no financiarlos limitan su acceso en España
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De media, cada 15 minutos una persona recibe en España la noticia de que padece la enfermedad de Alzheimer. Son unos 110 nuevos diagnósticos al día y alrededor de 40.000 cada año. En total, más de 800.000 personas conviven actualmente con el alzhéimer en nuestro país, de las que más del 65 % son mujeres, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Además, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias causaron en conjunto 35.701 muertes en España en 2025, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE): 12.831 correspondieron a la enfermedad de Alzheimer y 22.870 a demencia. La suma supera el número de fallecimientos atribuidos a algunas de las principales causas específicas de muerte, como las enfermedades isquémicas del corazón.
Ralentizar el avance de esta enfermedad, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores, es uno de los grandes objetivos de la investigación. Y, por primera vez, existen en la Unión Europea dos fármacos que han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en personas con alzhéimer en fase inicial.
Sin embargo, en España la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) decidió el pasado mes de julio no financiar estos tratamientos, limitando por el momento su acceso en España al ámbito privado.
Estos tratamientos ya se utilizan en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China. En España, algunas clínicas privadas ofrecen el tratamiento completo por un precio que puede rondar los 80.000 euros anuales. Una cantidad difícil de asumir para la mayoría de las familias, especialmente teniendo en cuenta la elevada carga económica que ya supone la enfermedad.
Un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en unos 42.000 euros anuales por persona el coste económico medio asociado al alzhéimer, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases más avanzadas, del cual las familias asumen el 86%.
En el marco del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de septiembre, la web de 'Informativos Telecinco' ha hablado sobre esta decisión y sus posibles consecuencias con Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y neuróloga del Hospital Clínic de Barcelona.
Pregunta (P): ¿Cuáles son los fármacos más prometedores para el alzhéimer actualmente?
Respuesta (R): Actualmente, la investigación se centra principalmente en los llamados tratamientos biológicos, especialmente en los anticuerpos monoclonales. Son proteínas diseñadas para dirigirse de forma específica contra determinadas sustancias que se acumulan o alteran en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer.
Dentro de estos anticuerpos monoclonales existen dos grandes vías de investigación. La primera es la vía antiamiloide, basada en la hipótesis de que la proteína beta-amiloide desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad.
"Los dos fármacos nuevos suponen un cambio de paradigma para los pacientes y para los profesionales"
Esta proteína comienza a acumularse en el cerebro décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas y desencadena una serie de procesos biológicos que terminan provocando neurodegeneración, responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En esta vía ya existen algunos fármacos aprobados por agencias reguladoras, mientras que otros continúan en distintas fases de ensayo clínico.
La segunda gran vía de investigación está dirigida contra la proteína tau, que también se altera durante la evolución de la enfermedad y está estrechamente relacionada con la neurodegeneración. Los tratamientos dirigidos contra tau se encuentran actualmente en fases de investigación clínica o preclínica (con animales), por lo que todavía no hay ninguno aprobado.
P: ¿Cuáles son los fármacos antiamiloide actualmente aprobados y cómo actúan?
R: Actualmente hay dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína beta-amiloide que están aprobados por distintas agencias reguladoras: lecanemab, desarrollado conjuntamente por las farmacéuticas Eisai y Biogen, y donanemab, de Eli Lilly.
Ambos actúan sobre la proteína beta-amiloide que se acumula en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. En los ensayos clínicos, que tuvieron una duración de 18 meses, demostraron que eran capaces de eliminar esta proteína en el cerebro en alrededor del 80% de las personas tratadas.

Sin embargo, una cosa es eliminar la proteína y otra conseguir un efecto clínico. Este último es más moderado: ambos fármacos consiguieron ralentizar aproximadamente entre un 25% y un 30% el deterioro en comparación con las personas con la enfermedad que no recibieron el tratamiento.
La eliminación de la proteína amiloide también puede producir efectos secundarios, como alteraciones inflamatorias en el cerebro. Sin embargo, los casos graves son poco frecuentes y se situaron por debajo del 2%.
Estos tratamientos están indicados para personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial, es decir, pacientes que, fuera de su entorno más cercano o del ámbito especializado, pueden pasar prácticamente desapercibidos porque, aunque presentan problemas de memoria, todavía mantienen una vida prácticamente normal. Según las estimaciones disponibles, este grupo representa alrededor del 4% de las personas con alzhéimer en España.
P: ¿Suponen un cambio de paradigma?
R: Sí, suponen un cambio de paradigma. Actualmente, el Sistema Nacional de Salud español financia cuatro fármacos sintomáticos para tratar la enfermedad de Alzheimer: donepezilo, galantamina, rivastigmina y memantina, utilizados desde hace décadas. Aunque estos tratamientos han demostrado ser coste-eficientes y pueden mejorar o mantener durante un tiempo determinados síntomas, no modifican el curso de la enfermedad. Es decir, no actúan sobre los procesos biológicos que provocan la neurodegeneración y, por tanto, la enfermedad continúa avanzando.
"Una cosa es eliminar la proteína y otra conseguir un efecto clínico"
La diferencia de estos dos nuevos tratamientos es precisamente que sí actúan sobre uno de los procesos biológicos relacionados con la enfermedad y consiguen ralentizar su progresión. Creemos que pueden abrir la puerta a una segunda generación de fármacos que sean más eficaces, más seguros, más fáciles de administrar y también más económicos.
Además, el cambio de paradigma no afecta únicamente al tratamiento de quienes reciben estos fármacos, sino también a la forma de abordar la enfermedad, con un diagnóstico más preciso y basado en la biología del alzhéimer.
P: ¿Dónde están aprobados?
R: Los dos están aprobados por numerosas agencias reguladoras internacionales. Lecanemab fue aprobado inicialmente en Estados Unidos en 2023 y posteriormente en otros países como Japón, China y Reino Unido. En la Unión Europea recibió la autorización de comercialización en abril de 2025. Donanemab también cuenta con autorización en Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido y otros países, y fue autorizado en la Unión Europea en septiembre de 2025.
Pero hay que distinguir entre la aprobación regulatoria y la financiación pública de estos fármacos. Que una agencia reguladora autorice un medicamento significa que considera que cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia para su comercialización; otra cuestión diferente es que los sistemas sanitarios públicos decidan financiarlo.
En los distintos países europeos la situación no es la misma: algunos han decidido no financiar estos tratamientos, mientras que en otros el proceso de evaluación y decisión todavía está en marcha.
P: ¿Por qué se ha decidido no financiarlos en España?
R: En España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) decidió antes del verano no financiar estos dos tratamientos. Esto no significa que la decisión no pueda revisarse en el futuro. Al estar autorizados por las agencias reguladoras, pueden comercializarse en España, por lo que actualmente el acceso a estos tratamientos se reduce únicamente en el ámbito privado.
Uno de los principales puntos de discrepancia está en su coste-eficacia, es decir, en si el coste que supone incorporar estos tratamientos al sistema sanitario está justificado por el beneficio clínico que han demostrado. La comisión consideró que, con los datos disponibles y el coste evaluado, no se justificaba su financiación pública. Sin embargo, existen expertos que consideran que sí son coste-eficientes, y ahí está precisamente una de las principales discrepancias.

Además, hay que tener en cuenta que el coste de estos fármacos no se limita al precio del medicamento. Son tratamientos que se administran por vía intravenosa y requieren una infraestructura específica, personal de enfermería, material y una monitorización de los pacientes para garantizar que el tratamiento se administra de forma segura. Todo ello supone costes adicionales para el sistema sanitario.
Desde la Sociedad Española de Neurología no podemos entrar a valorar directamente si son coste-eficientes o no, porque desconocemos el precio final que se ha negociado con los ministerios, ya que esa información es confidencial. Lo que sí consideramos es que, si otras agencias y sistemas sanitarios han valorado que el coste está justificado por los beneficios que aportan estos tratamientos, nos sorprende que en España se haya considerado que no lo está.
También existe incertidumbre sobre los beneficios a largo plazo. Los principales ensayos clínicos tienen una duración de alrededor de 18 meses, aunque están apareciendo datos que apuntan a que los beneficios podrían mantenerse más allá de ese periodo. En este momento no sabemos cuál será exactamente el efecto de estos tratamientos a cinco años, porque todavía no disponemos de datos a tan largo plazo ni de alternativas terapéuticas con las que compararlos. Por eso, consideramos que estamos ante un escenario de incertidumbre en el que debería valorarse también la posibilidad de beneficiar al paciente con los tratamientos disponibles.
P: ¿Cuáles crees que son las consecuencias de esta no financiación?
R: Desde nuestro punto de vista, una de las principales consecuencias es que se limita el acceso, dentro del sistema público, a los únicos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad disponibles actualmente.
"Los pacientes que ahora lo necesitan en cinco años ya no serán candidatos"
Consideramos que esto genera una situación de desigualdad para los pacientes españoles, porque el acceso queda limitado a aquellas personas que pueden asumir el coste del tratamiento en el ámbito privado. Y esto no será posible para muchos pacientes, dado el elevado precio de estos fármacos.
Además, esperar a que la investigación avance para disponer en el futuro de tratamientos más eficaces y más baratos puede tener otras consecuencias. Por un lado, existe el riesgo de que Europa, y España en particular, en cuanto a la investigación, conocimiento y al manejo de la enfermedad. Estamos ante un cambio en la forma de abordar el alzhéimer, con tratamientos dirigidos a los mecanismos biológicos de la enfermedad, y es importante que los profesionales sanitarios puedan adquirir experiencia en su utilización.
Por otro, está la llamada ventana de oportunidad: los pacientes que hoy podrían ser candidatos a estos tratamientos seguramente no lo serán dentro de unos años, porque la enfermedad habrá avanzado y ya no cumplirán los criterios para recibirlos.
Además, esta situación plantea una dicotomía ética a los neurólogos de la sanidad pública. Los pacientes preguntan activamente por estos tratamientos y nosotros no podemos ofrecérselos dentro del Sistema Nacional de Salud, mientras que sí están disponibles en la sanidad privada para quienes puedan asumir su coste. Es una situación difícil tanto para los pacientes como para los profesionales que los atienden.
P: ¿Cuánto le puede costar a un paciente la administración de estos fármacos de manera privada?
R: Todavía estamos pendientes de que se publiquen los precios definitivos, pero estaríamos hablando de miles de euros al año. Sabemos que algunas entidades privadas están ofreciendo el tratamiento completo, que incluye el fármaco, las pruebas necesarias y todo el procedimiento asociado a su administración, por alrededor de 80.000 euros anuales. En Estados Unidos, el precio del medicamento se sitúa en torno a los 26.000 dólares anuales.
P: ¿Hacia dónde avanza el panorama terapéutico?
R: El panorama terapéutico avanza en varias direcciones. Por un lado, hacia nuevos fármacos antiamiloide que sean más eficaces y seguros y, por otro, hacia tratamientos dirigidos contra la proteína tau, que también está implicada en la evolución de la enfermedad.
"Podríamos estar hablando de tratar el alzhéimer antes de que aparezcan los problemas de memoria"
Pero hay una línea de investigación especialmente importante que consiste en estudiar el efecto de estos mismos tratamientos no ya en personas que presentan síntomas, sino en personas que todavía no tienen problemas de memoria, pero en cuyo cerebro ya ha comenzado a acumularse la proteína beta-amiloide. Sabemos que esta acumulación puede comenzar años e incluso décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas.
Si estos estudios dieran resultados positivos, quizá dentro de 10 o 15 años podríamos estar hablando de estrategias de detección precoz como el cribado en personas a partir de los 65 o 70 años, para identificar si presentan acumulación de esta proteína y, en ese caso, valorar un tratamiento antes de que aparezcan los problemas de memoria.
Esta línea de investigación ya se está desarrollando en nuestro país en distintos centros, donde se está estudiando precisamente si estos fármacos pueden ser eficaces antes de que las personas desarrollen síntomas, es decir, si podemos actuar sobre la acumulación de la proteína antes de que desencadene la neurodegeneración.
