La última semana se han hecho públicas tres agresiones graves a guardias civiles pero cada día hay 35 delitos contra la autoridad. La última ocurrió en una gasolinera de Vilanova, en Barcelona. Dos policías locales vieron a una conductora cometer una infracción y la pararon para hacerle un control de alcoholemia. Según la policía iba bebida. Fue el copiloto el que se resistió y la emprendió a empujones y puñetazos contra los agentes mientras la conductora gritaba "soy funcionaria, soy funcionaria, quietos". Acabaron por los suelos y uno de ellos resultó herido leve. Es sólo un caso.
En julio, un guardia civil de Melilla al que reconocieron dos narcos vio arder su vehículo completamente. Lo intentaron también con el de su mujer. Era la venganza por desarrollar su trabajo. Acaban de detener a los dos agresores.
Esta misma semana, en Cangas de Onís, en Pontevedra, otro atentado contra la autoridad más. Esta vez, brutal. Un hombre completamente fuera de sí peleaba con varios agentes mientras los sanitarios trataban de tranquilizar al individuo. En un momento arrojó a uno de los agentes al suelo y le propinó una fuerte patada en la cabeza. Tuvieron que ingresarlo en el hospital y el fiscal pidió prisión provisional para el delincuente, que era reincidente, pero el juez lo ha puesto en libertad con cargos. -
Las asociaciones y sindicatos policiales denuncian que es esta impunidad la que provoca el aumento de los delitos de resistencia y atentado contra la autoridad. Desde la pandemia no han hecho más que crecer. Los últimos datos oficiales recogidos por el Instituto Nacional de Estadística son de 2021: hubo 14.664 condenas, lo que supuso un aumento del 22 por ciento.
Según Agustín Leal, el portavoz de la asociación JUCIL, en 2022 hubo unos 35 atentados al día, alrededor de mil al mes. El Código Penal castiga estos delitos, dependiendo de su gravedad, con penas de los 6 meses a los 3 años de cárcel, pero el juez puede decidir conmutarlos por una multa, acompasada con los ingresos del agresor. Por lo que, según afirman los sindicatos policiales, muchas veces pegar a un agente cuesta tan solo 200 euros.
El portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, Jacobo Rodríguez, asegura que hay comisarías de Madrid en las que "cada año hay de 200 a 300 lesiones de compañeros... Desde los 80 se viene perdiendo el respeto por la autoridad, pero es algo que les ocurre también a los profesores, a los médicos...". El SUP exige un cambio legislativo para endurecer las penas pero además pide al Ministerio del Interior más medios. Sobre todo pistolas táser para cada agente de seguridad ciudadana. Estas pistolas, que inmovilizan con una descarga eléctrica, reducen casi por completo los riesgos, tanto para los agentes como para los detenidos.
En 2020, Interior adquirió una partida de armas de este tipo en las que gastó 2 millones de euros. Según el SUP se quedaron "guardadas en el cajón porque como siempre el ministerio del Interior hace las cosas mal y no adquirieron las cámaras necesarias" que han de llevar estos dispositivos. Recientemente han repartido una cantidad de ellas, pero aún hay muchas comisarías sin ninguna y aún faltas cámaras e incluso cargadores de batería, según la información del sindicato. "Esa es la excusa que nos han dado", asegura Rodríguez. JUCIL demanda también armas táser y cámaras para cada agente, como las que lleva la policía americana en sus intervenciones. Las grabaciones, con audio y vídeo, serían una prueba irrefutable de cada actuación policial, sin cortes ni manipulaciones. Aseguran que en muchas situaciones conflictivas ni siquiera intervienen como debieran por miedo a las falsas denuncias.