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Las estadísticas afirman que en España hay 580.000 empleadas del hogar, aunque estimaciones extraoficiales indican que la cifra podría alcanzar el millón. Lo que sí está claro es el número de contratadas en la Seguridad Social: 372.000. Una de cada tres. La mitad de ellas son extranjeras y sólo tienen contratos a tiempo parcial. El 96% son mujeres. Es la radiografía de las trabajadoras del hogar que hoy celebran su Día Internacional. Para celebrarlo hablamos con Balbina y Estephani. Las dos son bolivianas, tía y sobrina y ambas se dedican a este sector.
Balbina nos cuenta cómo llegó a España, sin papeles, hace 18 años. Tuvo que aceptar un empleo interna en condiciones infrahumanas. De 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado y su sueldo era de 600 euros. Así sobrevivió tres años. "Estuve a punto de volver a mi país muchas veces", admite, pero aguantó, logró permiso de residencia y mejores empleadores. Su situación ha mejorado mucho pero siguen soportando condiciones laborales muy duras. Al menos 150.000 empleadas trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y eso significa que en caso de accidente laboral, no estarán cubiertas. Tampoco podrán recibir el paro. Ése derecho, reconocido en España hace sólo un año y medio, arranca una sonrisa a Balbina, orgullosa de haberlo logrado. Pero es complicado alcanzarlo en la práctica cuando a muchas siguen sin contratarlas.
También se quejan los empleadores. Muchos de ellos son personas mayores que con su pensión tienen que sufragar el sueldo de sus empleadas y los gastos de la Seguridad Social. Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación de Mayores ACUMAFU, tiene claro que con una pensión de 1.200 euros que reciben, no salen las cuentas, "por eso hay tantas empleadas de hogar en b".
La solución pasa por incentivar a las familias para que las contraten con ayudas y desgravaciones fiscales, según Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) que cree que así "afloraría más de un millón de empleos que hoy están en la economía sumergida".
El Ministerio de Trabajo prepara un Real Decreto que llevará al Consejo de Ministros próximamente, en el que prevén exigir una declaración de riesgos laborales en el hogar al empleador, reconocimientos médicos voluntarios a las empleadas en la Seguridad Social y un protocolo antiacoso.
Las asociaciones que defienden los derechos del colectivo temen que esto desincentive aún más la contratación. Y abogados laboralistas como Antonio Gallego coinciden en que provocan un efecto rebote: "Estamos en la ley reconociendo un derecho social pero en la práctica no estamos fomentando el empleo. Si no incentivamos a la familia a que contrate a esa trabajadora, por mucho derecho que tengamos reconocido en el papel, no vamos a cambiar nada. Esto es un hogar, es un dinero que quitas de tu sueldo, no es un negocio. Si cada vez tenemos más carga, es difícil".
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