La lucha de España contra la homofobia, la transfobia y la bifobia: historia, leyes y objetivos a cumplir

La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, han supuesto un importante progreso hacia la igualdad, la justicia social y la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, impulsando a nuestro país a la avanzadilla de los países más respetuosos.

España consolida así su liderazgo en las políticas de diversidad sexual y familiar iniciado con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, y con la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, así como con el desarrollo de las sucesivas leyes de derechos LGTBI o específicas de los derechos de las personas trans aprobadas desde 2014 en 15 Comunidades Autónomas.

La Ley 4/2023 promulga un marco que obliga a los poderes públicos a poner en marcha las medidas necesarias para acabar con la discriminación histórica y sistémica hacia las personas trans, y a definir las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGTBIQ+. La ley establece, así mismo, el mecanismo para el cambio de la mención registral del sexo acorde a los estándares internacionales basados en la autodeterminación y la despatologización.

Cabe destacar también como hitos de la Ley 4/2023 la adopción de medidas a favor de los derechos de las personas intersexuales, y la prohibición, en todo el Estado Español, de las conocidas como terapias de conversión, que no son sino torturas promovidas por prejuicios ideológicos contra las personas LGTBIQ+.

Según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 43% de las personas LGTBI en España consideran que su Gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas LGTBI, porcentaje mayor que para la EU-28, que es del 33%. Además, la encuesta muestra que España es el país en el que más personas LGTBI, el 60%, responden que siempre o a menudo ha habido un compañero o compañera de trabajo que les ha apoyado, defendido o protegido, y la mitad de las personas adolescentes LGTBI de 15 a 17 años, considera que en la escuela alguien siempre los defendió o los apoyó.

Asimismo, según el Eurobarómetro Especial 535 de 2023 sobre discriminación en la UE, el 80% de la población española se sentiría totalmente cómoda teniendo a una persona trans o intersexual en el cargo político electo más elevado, frente al 58% de la media en la UE.

Estos datos reflejan la alta aceptación de la diversidad sexual por parte de la sociedad española y su compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+. Sin embargo, asistimos en paralelo a un auge de discursos y de retórica anti-LGTBIQ+, sobre los que alertan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones europeas, y que comprometen seriamente el bienestar, la seguridad y la no discriminación de las personas LGTBI+, y en particular de las personas trans. Así, todavía el 48% de las personas LGTBIQ+ en España, según datos de la FRA, evitan ir de la mano con sus parejas en público (seis de cada 10 en la Unión Europea), el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad sexual (el 30% en la UE) por miedo a sufrir violencia y el 21 % se sintió discriminado en el trabajo.

El Informe sobre delitos de odio, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado índice de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad sexual, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país, alcanzando la cuarta parte de todos los que se denuncian.