El Vaticano abre una investigación por pederastia contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, por presunto abuso sexual a un menor
El Vaticano considera creíble la carta de la víctima que denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza
La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio de Doctrina de la Fe, relatando los hechos y reclamando que se tomaran medidas
El Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presuntas agresiones sexuales a un menor de manera continuada durante los años noventa. Esto ha puesto de manifiesto los graves problemas que tiene la Santa Sede al gestionar eos casos, de hecho no se termina de entender porque no se le ha impuesto a Zornoza alguna medida cautelar ya que se sabe de hace meses la existencia de esta denuncia.
Se trata de la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia. Las normas eclesiásticas indican que, cuando hay una denuncia contra un obispo por un caso de pederastia, el responsable de la investigación es el arzobispo metropolitano del que depende el acusado. En este caso, ya prescrito ante la justicia civil, dicha responsabilidad recae sobre el arzobispo de Sevilla, encargado de la provincia eclesiástica a la que pertenece el obispado gaditano.
Tras conocerse el caso este lunes, Zornoza ha negado las acusaciones y ha anunciado que suspende su agenda “para el esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, nada le prohíbe mantener contacto con menores y la Conferencia Episcopal Española (CEE) tampoco lo ha apartado de sus cargos dentro de la institución.
Las víctimas de la pederastia esperan más sensibilidad en este papado, ayer mismo el Papa se reunió con los afectados de estos abusos en la iglesia, ha trabajado muy firme en todo ello. El Cardenal de Madrid José Cobo califica de "drama" lo ocurrido
Hasta que el Vaticano no se pronuncie sobre la gravedad de las acusaciones o imponga medidas cautelares, el obispo no está obligado a dejar su cargo ni a restringir su contacto con menores. A pesar de que la víctima envió la denuncia el pasado verano, el proceso dentro de la Iglesia es lento y discreto. La normativa eclesiástica establece que, en casos que afectan a un obispo, la investigación debe ser conducida por el arzobispo metropolitano correspondiente —en este caso, el de Sevilla—, quien debe recopilar la información inicial antes de remitirla a Roma.