La Justicia investiga a cuatro personas responsables por la explosión mortal de la mina de Cerredo y ordena embargos millonarios
La causa judicial por el accidente de Cerredo avanza con cuatro responsables bajo investigación y medidas cautelares
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El juzgado de Cangas del Narcea, en Asturias mantiene como investigadas a cuatro personas por el accidente de la mina de Cerredo, en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores por una explosión de gas grisú.
A los implicados se les atribuyen cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores
Según han confirmado fuentes judiciales, los investigados son el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; su mujer Ana María Rodríguez; su hijo Adrián Rodríguez; y el director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, responsable de la seguridad de la explotación en el momento del siniestro.
El juzgado ha levantado el secreto de sumario después de que concluyeran las comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento asturiano, en la que los cuatro optaron por no declarar debido a la causa judicial abierta. Mirantes era apoderado de Combayl, empresa que había traspasado los derechos mineros a Blue Solving, ambas dentro del mismo entramado empresarial. Su mujer figuraba como administradora de Combayl y su hijo como administrador de Blue Solving, aunque el juzgado considera que Mirantes era quien dirigía realmente el grupo empresarial.
Como medida cautelar, se ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados
A petición del sindicato SOMA-FITA-UGT, encargado de las acusaciones populares, el juzgado investiga a los cuatro por delitos por imprudencia y mantiene también la imputación por delito contra los derechos de los trabajadores.
Las investigaciones apuntan a que la explosión se produjo en el nivel tercero de la mina, cuando once trabajadores estaban extrayendo carbón pese a que Blue Solving no tenía permiso para hacerlo y solo estaba autorizada a retirar chatarra y acopios antiguos de mineral.
