El requerimiento judicial por transgresión a la ley de seguridad del Estado fue presentado esta tarde en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables de infringir el artículo 11 de dicha ley, iniciativa que fue suscrita por el ministro del Interior de Chile, Edmundo Pérez Yoma.
Según explicó la abogada de ese ministerio encargada de presentar la querella, Ximena Risco, toda interrupción o suspensión colectiva de los servicios públicos sin sujeción a la ley que ponga en peligro el orden del país constituye delito y debe ser sancionado con penas de presidio.
La normativa, además, establece medidas para los medios de comunicación que inciten algún tipo de movilización en este sentido.
"La situación ha sobrepasado los límites tolerables para el Gobierno y para la ciudadanía", afirmó al hacer el anuncio el subsecretario del Interior de Chile, Patricio Rosende.
La decisión del Gobierno se produjo tras una serie de incidentes protagonizados en varias ciudades por piquetes de huelguistas, que se enfrentaron con la policía, bloquearon carreteras y apedrearon vehículos.
Los mayores disturbios ocurrieron en las sureñas ciudades de Puerto Montt y Valdivia y en el puerto de Valparaíso.
Tras el anuncio, los gendarmes se acuartelaron en las cárceles y sus dirigentes señalaron que la actitud del Gobierno sólo agudizará el conflicto.
Rosende aseguró a los periodistas que la decisión de aplicar la ley de seguridad se adoptó "no sólo por los desórdenes, sino por el incumplimiento de la ley, que ha afectado gravemente el funcionamiento del sistema judicial", situación que, advirtió, el Ejecutivo no permitirá.
"La tolerancia del Gobierno se acabó", dijo el subsecretario del Interior, que añadió que los huelguistas "están impidiendo el traslado de los reos" y se "han tomado carreteras en algunas ciudades del país".
Ello pese a que ejercen una función pública "que debe cumplirse las 24 horas al día; ellos saben cuáles son los principios y cuáles son las normas que rigen a la institución", recalcó.
Recordó que el Gobierno ha estado dispuesto al diálogo y que en el Congreso se tramita un proyecto que establece un mejoramiento en la carrera funcionaria, "como nunca antes en la historia de Gendarmería".
La aplicación de esa ley supone que el Gobierno pide al Poder Judicial facultades para intervenir en los recintos carcelarios y determinar a los responsables y participantes en las transgresiones.
En líneas generales, los gendarmes piden aumentos salariales, ampliación del contingente de funcionarios y mejoras en la infraestructura carcelaria.
También desean una instancia de discusión para hacer indicaciones al proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
Cristián Alveal, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, calificó como "lamentable" la decisión del Gobierno y aseguró a los periodistas que "la movilización sigue".
"Lamentablemente podrían generar a través de esta amenaza una radicalización absoluta de las medidas que el personal pueda tomar al interior de los penales", agregó el dirigente.
Explicó que con las protestas han intentado "instalar la crisis del sistema penitenciario" y demandar al Estado "una real preocupación por los penales y por las condiciones laborales del personal de Gendarmería".