María Teresa Fernández de la Vega espera que la rescisión del contrato con las empresas adjudicatarias para la realización de las obras no suponga coste alguno ni las arcas públicas ni a los ciudadanos.
El Gobierno ya venía anunciando esta derogación. CiU y PP han reclamado que continúen las obras. A ellos se han sumado los regantes, mientras que los ecologistas mostraron su rechazo desde el primer momento y aplauden la paralización del mismo. Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia manifestaron en su momento el apoyo a este trasvase y solicitaron otro desde el Ebro al sudeste peninsular.
Voz de alarma en 2007
A finales de 2007, los ejecutivos Central y catalán ya habían hablado sobre la posibilidad de llevar agua en barco desde la desalinizadora de Carboneras (Almería) a Barcelona, medida que posteriormente se extendió a otras localizaciones, como Tarragona y Marsella. Sin embargo, el Gobierno catalán consideró que serían necesarias medidas adicionales y planteó un trasvase desde el río Segre (afluente del Ebro) que el Ejecutivo descartó. A cambio, propuso extender el ya existente ministrasvase de Tarragona hasta Barcelona.
Las obras fueron finalmente adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas 'Conducción CAT-ALL', integrada por Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, Dragados, Sacyr, Acciona Infraestructuras, Comsa y Copisa. El contrato deberá ser rescindido. LA/MLS
La vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto establecía que las medidas de conducción perderían vigencia si cesaba la situación de extraordinaria necesidad que las originaron. Ha subrayado que "afortunadamente", en la actualidad los embalses de Cataluña están a más del doble del volumen que en abril.
"Cesa pues la situación de emergencia y cesa también en consecuencia la vigencia del Real Decreto. De justicia fue ponerla en marcha en honor a la igualdad de todos los españoles y de justicia es derogarlo cuando ya no es necesario", ha dicho de la Vega.