La ciudad de Nueva York ha prohibido utilizar el término “extranjero ilegal” cuando se utiliza con la intención de “degradar, humillar o acosar a una persona”. El uso de este término podría acarrear una multa que puede llegar hasta los 228.000 euros. Además, se ha especificado que llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos con intención “discriminatoria” u ofender a una persona por su uso “limitado del inglés”, pueden concurrir en la misma sanción, según recoge CNN.
"Estamos orgullosos de haber trabajado con la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York para producir y publicar esta importante guía mientras combatimos la retórica del miedo del gobierno federal y las políticas xenófobas que han amenazado la salud y el bienestar de las comunidades inmigrantes", dijo Bitta Mostofi , Comisionado de la Alcaldía y Asuntos de Inmigrantes.
A principios de este mes, un juez ordenó a un propietario de una vivienda pagar casi 16.000 euros por amenazar a una mujer indocumentada con llamar a las autoridades de inmigración. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York representó a la inquilina y presentó una queja en 2018 citando la discriminación del propietario contra ella.
La ciudad de Nueva York anunció la nueva norma a través de un comunicado que se difundió mediante las redes sociales. “La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York publicó hoy una nueva guía de aplicación de la ley que define la discriminación sobre la base del estatus migratorio percibido o real y el origen nacional bajo la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York en alojamientos públicos, empleo y vivienda. La guía establece que el uso del término "extranjero ilegal" entre otros, cuando se usa con la intención de degradar, humillar o acosar a una persona, es ilegal según la ley”, señala el comunicado.
“Además, la guía estipula que acosar o discriminar a alguien por su uso de otro idioma o su dominio limitado del inglés, y amenazar con llamar a ICE a una persona por motivos discriminatorios, se considera una violación de la ley. Se pueden imponer multas de hasta 250.000 dólares por cada acto de discriminación intencional, y los reclamantes pueden solicitar daños y perjuicios”, concluye el texto. Una medida que combate las políticas empleadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.