Hacienda somos todos, eso dice la Agencia Tributaria, aunque algún abogado del Estado llegara a declarar -caso Noos- que "Hacienda somos todos" debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país". Y eso, que es una frase publicitaria, debió pensar un funcionario de Hacienda en El Puerto de Santa María.
Dicho y hecho, del "Hacienda somos todos" pasó al "Hacienda soy yo", y se dispuso a recaudar en nombre de los contribuyentes para su propio beneficio. Trabajaba en ello, así que ideó un sistema eligiendo a los contribuyentes más propicios a sus fines, fallecidos o discapacitados.
En el caso de los primeros presentaba autoliquidaciones de IRPF, o rectificaciones de las ya tramitadas, en las que solicitaba una devolución tributaria ilegal para que fuese abonada en su propia cuenta bancaria. Era evidente que el ciudadano afectado no se daría cuenta.
En el caso de los discapacitados el método era el mismo, pero para no ser detectado utilizaba una sutileza administrativa. Elevaba el porcentaje de discapacidad aplicable, lo que daba lugar a una mayor devolución y a un pellizco para el funcionario.
Y así, declaración tras declaración, hasta superar los 13.000 euros estafados, que hubieran sido más de no haber sido detectado. Ahora la Audiencia Provincial de Cádiz ha juzgado sus peculiares declaraciones de IRPF. El funcionario ha admitido los hechos y ha devuelto la cantidades sustraídas al fisco, según adelanta Diario de Cádiz.
La condena, dos años y diez meses de prisión y tres años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, estafa, falsedad en documento público y malversación. La Audiencia ha dejado en suspenso la pena privativa de libertad, siempre y cuando el funcionario no vuelva a cometer un delito, y pague una multa de 1.200 euros