En un acto en la residencia oficial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, la presidenta argentina, Cristina Fernández, destacó el "esfuerzo económico" que supone para el Ejecutivo la ejecución de esta iniciativa, que tendrá un coste de 400 millones de pesos (107,5 millones de dólares).
Tras destacar algunos aspectos puntuales del plan, la jefa del Estado subrayó la necesidad de que el Gobierno también concentre su atención en "sostener un modelo que dé trabajo" para combatir el delito.
"Sin empleo o con gente mal pagada, ningún proyecto de seguridad puede funcionar", matizó.
El encargado de anunciar el plan fue el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, quien consideró que el nivel de delito "no es el que muestran los medios, pero igual preocupa al Gobierno argentino".
Al detallar las características de la iniciativa precisó que en una primera etapa se aplicará en 38 distritos de la periferia de Buenos Aires, en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca, y en el cordón urbano que rodea a la capital de la provincia de Mendoza (oeste), las zonas en las que se registran los más altos niveles de delincuencia del país.
Aníbal Fernández subrayó que la iniciativa incluye la incorporación de 6.800 policías para patrullar las calles, entre ellos 4.000 efectivos retirados de la Policía Federal, la adquisición de 500 automóviles con GPS y la instalación de 5.000 cámaras de vídeos en los distritos afectados.
También la asignación a las fuerzas de seguridad de 21.500 nuevos teléfonos móviles y la creación de una red de alerta vecinal y de centros municipales de operaciones.
En ese sentido, la presidenta argentina destacó la importancia de "incorporar a la comunidad" en el combate contra el delito y remarcó que es "imprescindible mantener los niveles de empleo, el modelo económico de desarrollo económico y redistribución del ingreso para bajar los niveles de inseguridad".
Cristina Fernández aseguró que Argentina "todavía está a tiempo" para lograr buenos resultados contra el delito y reiteró sus críticas contra la prensa, porque "en ningún lugar del mundo un hecho de inseguridad se repite todo el día por la televisión", como ocurre en su país, dijo.
Por segunda vez en los últimos días, el juez Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, consideró "relativo" el crecimiento de la delincuencia en Argentina.
En materia de inseguridad "hay un manejo político" del tema, por medio del cual se puede "generar y manipular miedo mediante la creación de una realidad mediática", sostuvo el alto magistrado.
"Habría que determinar con qué frecuencia se cometen los delitos. Pero como parece que eso no le importa a nadie, porque no hay en el país un observatorio para el analizar la situación, todo lo que se dice es medio por olfato", argumentó.
En la misma línea se había expresado recientemente su colega del máximo tribunal Carmen Argibay, quien consideró que los medios de comunicación "están inflando" los casos de delitos.
Argibay también criticó a las miles de personas que la semana pasada realizaron marchas contra la inseguridad en Buenos Aires y las ciudades más pobladas del país.
"Yo no he visto a esas personas marchando por el hambre y por la pobreza. Así no vamos a ningún lado. Ponemos el caballo atrás del carro", sostuvo.
La tensión por la inseguridad se recrudeció en las últimas semanas, cuando la popular presentadora de televisión Susana Giménez abrió una polémica por la aplicación de la pena de muerte tras el asesinato de uno de sus colaboradores.
"Terminemos con la estupidez de los derechos humanos. El que mata debe morir", dijo Giménez.
Aunque aclaró posteriormente, que no estaba a favor de la pena de muerte, sus declaraciones fueron criticadas tanto por el Gobierno como por distintos sectores sociales, lo que desató la polémica con figuras públicas que salieran en defensa de la presentadora.