La titular del juzgado de lo Social número 32 de Barcelona ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, a pagar una de las mayores pensiones de invalidez de España, 4.668 euros al mes, según informa El Periódico. Además, el INSS tendrá que abonar los atrasos, que ascienden a 28.761,30 euros.
El beneficiario es un director comercial que sufrió un ictus de graves consecuencias. Necesita silla de ruedas para grandes desplazamientos y no puede vestirse, ducharse, ir al lavabo o cortar la carne sin ayuda. El INSS reconoció en un principio la incapacidad permanente absoluta, pero no las limitaciones físicas del paciente.
Los representantes del trabajador afectado, Tribunal Médico -expertos en incapacidad laboral permanente-, aseguran que la Seguridad Social omitió un informe pericial que constataba las necesidades de dependencia.
Ahora, la jueza Marta Molist Requena sí aprecia que estas limitaciones son merecedoras de un grado de gran invalidez y ha dictaminado que el INSS debe abonar una pensión igual al 100% de su base reguladora mensual (3.072,21 euros), más 1.597,65 como complemento para el pago de terceras personas que le asistan en su día a día.
La sentencia señala que el demandante "necesita de silla de ruedas para grandes desplazamientos y la transferencia de la silla a la postura bípeda debe ser supervisada porque no es autónoma, lo que de facto implica la imposibilidad de coger transportes públicos" y añade que "igualmente, actividades como vestirse, ducharse o ir al lavabo tampoco las puede desempeñar de forma autónoma, ya que precisan de un mínimo equilibrio y una mínima agilidad corporal para las transferencias y cambios posturales (que tampoco tiene)".
La setencia destaca por último que el paciente "no podría tampoco procurarse la alimentación", ya que esto "implica ir a comprar y preparar las comidas, siendo necesarios los desplazamientos y posiciones bípedas para ello".
El presidente de Tribunal Médico, Alejandro Rusiñol, en declaraciones a El Periódico, destacó que es una de las pensiones "más elevadas que han impuesto los tribunales españoles" y que "particularmente, en materia de incapacidad permanente, la justicia está siendo tendente a proteger a los ciudadanos que se ven mermados en su derecho por resoluciones de la Seguridad Social que, en muchos casos, han segado la auténtica realidad del paciente".