La ley de protección a la infancia y la adolescencia al detalle, qué plantea
Informativos Telecinco/agencias
El anteproyecto de la ley de protección a la infancia y la adolescencia, listo para iniciar su tramitación parlamentaria
El Consejo de Ministros aprueba la ley Rhodes
La ley modifica el plazo para que prescriban los abusos hasta que la víctima cumpla 30 años
Los maestros y profesores podrán comunicar situaciones de riesgo ante la autoridad competente
El anteproyecto de ley de protección a la infancia y la adolescencia lleva desde el año pasado en los cajones. Este martes el Consejo de Ministros lo ha aprobado para atajar la desprotección de los menores ante violencias de todo tipo, entre ellos abusos sexuales ocurridos en sus entornos sociales y familiares. Iglesias considera que la ley --conocida como 'Ley Rhodes' en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia-- logrará que la violencia contra los menores deje de ser "un problema privado" y ha pedido “perdón” en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas para las que esta ley llega “tarde”. “Les pido perdón y les manifiesto el compromiso para que lo que les ocurrió a ellas no vuelva a ocurrirle a ningún niño ni niña más”, ha subrayado el vicepresidente segundo, quien, asegura, se va "esforzar mucho" en el trámite parlamentario para que sea "una ley de amplio consenso".
Entre las principales medidas incluidas en un texto se encuentran:
La ley modifica el plazo para que los delitos prescriban, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora. La mayoría de las denuncias se producen en la edad adulta
Cualquier persona puede comunicar situaciones de riesgo ante la autoridad competente, aunque no sea delito; un deber más exigente para los colectivos profesionales, como profesores y maestros, que estén un contacto habitual con los niños.
Los colegios tendrán normas claras sobre cómo actuar ante el acoso escolar, y la Policía y los jueces formación para detectar y abordar las situaciones de maltrato infantil
Los centros educativos dispondrán de un coordinador de bienestar y protección para asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.
Se perseguirán nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
Contempla entre los delitos de odio la edad como causa de discriminación, tanto sobre menores como sobre mayores, y medidas de prevención de la radicalización en los jóvenes.
Mejoras en la información estadística sobre los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia con la de los servicios sociales de Atención Primaria.
Se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con menores de edad para informar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito.
Unidades especializadas en las fuerzas de seguridad, a nivel estatal, autonómico y local, en la sensibilización, prevención y detección precoz de situaciones de violencia, reduciendo la intervención de los niños en las diligencias a las que sean estrictamente necesarias.
Será obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Los educadores sociales piden que no se usurpen sus funciones
El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) ejercerá el Derecho de Petición recogido en el Artículo 29 de la Constitución para pedir que sus funciones no sean "usurpadas" por la nueva figura del coordinador de bienestar y protección definido en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, bautizada como 'Ley Rhodes' --por el pianista británico--, que el Gobierno aprueba este martes 9 de junio.
"El desarollo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, excluye a la Educación Social en competencias socioeducativas propias. De esta forma, crea la figura de la delegada o el delegado de bienestar y protección, atribuyéndole funciones propias de las educadoras y los educadores sociales en el sistema educativo", subrayan los educadores sociales en un comunicado. A su juicio, frente a cuestiones "tan importantes" como el acoso escolar, el ciberacoso, el maltrato, la explotación infantil y la violencia sexual, "la ley debe garantizar una acción socioeducativa desarrollada por expertos y especialistas cualificados para ello". Por ello, instan al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados a considerar la inclusión de educadoras y educadores sociales en todos los centros educativos, asignándoles, entre otras, la función de coordinador de bienestar y protección, así como a la inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos dentro de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)