Los hechos se remontan a 2003. Entonces, Ángela González estaba inmersa en el proceso de separación del que fuera su marido, Felipe Rascón.
Durante los trámites, un Juzgado concedió el régimen de visitas sin supervisión al padre de la menor, de siete años, pese a que la madre ya había presentado 47 denuncias por amenazas de secuestro y muerte y agresiones físicas y psíquicas.
Así, en una de esas visitas, el 24 de abril de 2003, el hombre acabó con la vida de la menor a tiros y posteriormente se suicidó.
Ángela considera que, al menos, tiene derecho a que el Estado reconozca su responsabilidad por "el funcionamiento anormal de la Justicia", ya que, estima, "no adoptó las debidas garantías para que el asesinato no se produjera, existiendo falta de diligencia por los distintos operadores jurídicos, causando un daño irreparable".
Sin embargo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y, ahora, el Tribunal Constitucional han rechazado que el Estado tuviera responsabilidad patrimonial alguna en el caso.
Así, con el varapalo del TC, la única opción que le queda a Ángela es que el Ministerio Fiscal recurra. Sin embargo, la mujer ya ha adelantado que está dispuesta a elevar el caso hasta Estrasburgo si fuera necesario. EPF