Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Congreso aprobó definitivamente la reforma que regulaba el matrimonio homosexual el 30 de junio de 2005, con los votos a favor todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y los diputados de Unió. De hecho, los 'populares' interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la ley, aunque en 2012 el Tribunal Constitucional lo rechazó.
Se amplió el artículo 44 con la siguiente afirmación: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". También se modificaron 16 artículos del Código Civil sustituyendo los términos "marido" y "mujer" por el "cónyuges" y las palabras "padre" y "madre" por "progenitores".
A pesar de que el Eurobarómetro de 2015 afirmaba que el 84% de españoles se muestra favorable a la regulación del matrimonio igualitario, "la realidad cotidiana" indica que existen problemas cuando intentan reivindicar los mismos derechos y oportunidades que tiene el resto de la población. El sistema educativo debe ser más integrador y representar la diversidad de los modelos familiares "entendida como un elemento de aprendizaje, de enriquecimiento y crecimiento personal".
Derechos pendientes
La 'Encuesta continua de hogares 2017' elaborada por el INE indica que el número de hogares formado por parejas del mismo sexo -tanto matrimonios como parejas de hecho- son 78.900, lo que supone un 0,7% del total. Según el INE, el número de matrimonios entre cónyuges del mismo sexo en el año 2017 fue de 4.606.
Pese al avance que supuso la regulación del matrimonio homosexual, la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) recuerda que existe "un vacío legal" en situaciones relacionadas con la filiación de los menores y las menores, al tiempo que asevera que existen "derechos pendientes" para el colectivo.
En este sentido, la organización recalca que actualmente las parejas compuestas por dos mujeres están obligadas a casarse para que ambas puedan constar legalmente como madres en el registro civil y destaca que esto "es un claro agravio comparativo y discriminatorio" frente a las parejas heterosexuales, a las que se no se les pide este requisito.
Asimismo, denuncia que la cartera básica de servicios sanitarios para que las mujeres puedan acceder a tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública deja fuera a mujeres sin pareja y a parejas de lesbianas. Cada comunidad autónoma autoriza por sí misma que ellas puedan acceder a este servicio público que se les niega en Castilla-León, Murcia, Ceuta y Melilla.