La aparente velocidad excesiva del tren, segundos antes del descarrilamiento, hizo que desde un principio se pusiera el único foco de la responsabilidad sobre Francisco José Garzón, el maquinista. El mismo que había reconocido instantes después del accidente haber entrado a 190 kilómetros por hora en una curva limitada a 80. Pero su imputación y posterior testimonio ante el juez, así como el interrogatorio de otros testigos como el interventor, el anterior maquinista o el vigilante de seguridad, además de las grabaciones de voz recogidas en la caja negra del convoy, parecen haber abierto todo un abanico de responsabilidades un mes después. El último auto del magistrado recoge que aunque no se observó por parte del conductor la atención debida", la señalización en el tramo no era la correcta. Por eso, desde esta semana, exige a Adif que identifique a los responsables de su seguridad para citarlos como imputados, Fomento ya ha adelantado que en esa lista incluirá a todos los encargados de la vía desde su diseño, construcción y puesta en servicio hasta hoy. Una decisión muy criticada por la primera asociación de víctimas de la tragedia que se acaba de constituir y se quiere presentar como acusación. Este tramo fue inaugurado hace menos de dos años por el exministro socialista José Blanco y ha desatado en los últimos días una guerra política entre los dos principales partidos. En su comparecencia en el Congreso, hace dos semanas, la ministra de Fomento anunció que se revisarán todos los sistemas de seguridad en los trenes.