El Supremo ordena derribar todo lo urbanizado en la isla de Valdecañas: el gasto se elevaría a 145 millones de euros

Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, Extremadura.. Google Earth.
  • El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de todo lo urbanizado en la isla de Valdecañas, situada al norte de la provincia de Cáceres

  • Un triunfo para los ecologistas, que llevan años denunciando la ilegalidad de construir en un enclave natural

  • La Junta de Extremadura tendría que hacer frente al menos a 145 millones de euros, entre indemnizaciones y demoliciones

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En Extremadura están expectantes con la sentencia completa que ordena el derribo de todo lo urbanizado en la isla de Valdecañas. Un triunfo de los ecologistas después de años de litigio, que supondrá -en cambio- un serio revés para municipios que se habían revitalizado con un complejo de lujo.

A tan solo una hora de Madrid, en pleno embalse, está la isla de Valdecañas, al norte de la provincia de Cáceres. Desde 2007, alberga un complejo de lujo. Todo un oasis de paz para empresarios, políticos y artistas, que ahora el Supremo ordena derruir en su totalidad. "Una zona que es cepa no se puede urbanizar", manifiesta con rotundidad Julio Pintos, de Ecologistas en Acción, quien afirma que "eso lo sabía el ayuntamiento de aquí y lo sabía la Junta de Extremadura".

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Una barrera impide el paso a toda persona ajena a esta urbanización privada. Al otro lado, el codiciado rincón extremeño. Un terreno de 133 hectáreas, que cuenta con instalaciones de lujo y casas que superan el medio millón de euros. "Se ha contado con muchísimo esfuerzo y si hay que apelar, pues se apelará, y si hay que elevarlo a mayor instancia, pues se llevará", sostiene uno de los propietarios.

145 millones de euros entre indemnizaciones y demoliciones

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría en los pueblos de alrededor. "En vez de que la gente se siga quedando en Extremadura, la gente se va a tener que ir", lamenta una vecina. Y es que son muchos los que "viven de ello".

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La Junta de Extremadura tendría que hacer frente al menos a 145 millones de euros, entre indemnizaciones y demoliciones, aunque los afectados todavía no dan la batalla por perdida.