El caso de la niña electrocutada en una atracción de feria de Alquerías suma dos nuevos investigados: la instrucción cita al pedáneo y a otro hombre
La investigación de la feria de Alquerías pone el foco en las autorizaciones y controles de la atracción
Los dos primeros investigados por la muerte de la niña en Alquerías quedaron en libertad provisional
La investigación judicial por la muerte de la niña de ocho años electrocutada en una atracción ferial de Alquerías durante las fiestas de San Juan de 2025 suma dos nuevos investigados. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha citado a declarar como investigados a José Luis Marín, representante municipal de la pedanía, y a otro hombre identificado por las iniciales J. J. G. G., que comparecerán ante el juez el próximo 10 de septiembre.
Así lo recogen fuentes locales como 'La Opinión de Murcia'. Con estas nuevas citaciones, la causa alcanza ya a cuatro personas investigadas. Además del pedáneo y del segundo citado, continúan bajo investigación el propietario de las camas elásticas donde ocurrió el accidente y el empleado que se encargaba del control de acceso de los menores a la atracción el día de los hechos.
A la espera de la declaración de los testigos
Según consta en las resoluciones judiciales, José Luis Marín, que desde el primer momento sostuvo que la atracción se instaló en un terreno privado perteneciente a un particular, deberá acudir al juzgado acompañado de su abogado. Ambos nuevos investigados comparten defensa letrada, según recoge la documentación de la causa.
Antes de esas comparecencias, el próximo 9 de julio están llamados a declarar varios testigos. Entre ellos figuran familiares de menores afectados y personas que presenciaron el accidente, quienes deberán relatar ante el juez cómo se desarrollaron los hechos aquella noche de las fiestas patronales.
La instrucción trata ahora de esclarecer quién asumía la responsabilidad de comunicar y supervisar la instalación de la feria, después de que trascendiera que la atracción no fue inspeccionada ni por técnicos municipales ni por personal de la Comunidad Autónoma. El objetivo es determinar si existieron fallos en los controles previos y quién debía garantizar que la instalación cumpliera todos los requisitos exigidos.